La jueza Allison D. Burroughs declaró ilegal la decisión del gobierno de Trump de retirar $2,000 millones de dólares a la Universidad de Harvard
ESTADOS UNIDOS: La Universidad de Harvard obtuvo este miércoles un triunfo judicial frente al Gobierno de Donald Trump, luego de que una jueza federal declarara ilegal la suspensión de más de $2,000 millones de dólares en fondos federales que estaban bloqueados por acusaciones de antisemitismo.
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El fallo fue emitido en Boston por la magistrada Allison D. Burroughs, quien en una sentencia de 84 páginas subrayó que combatir el antisemitismo es un objetivo legítimo, pero advirtió que no puede lograrse a costa de limitar la libertad de expresión ni de frenar la investigación académica.
“No se debe sacrificar a uno en el altar del otro”, escribió.
La decisión obliga al Ejecutivo a revertir de inmediato la medida, aunque se espera que el Gobierno presente una apelación.
Según The New York Times, Burroughs también alentó a otros jueces a proteger la libertad académica y evitar que fondos vitales para la investigación sean cancelados de forma arbitraria y sin base procesal sólida.
Tras una audiencia celebrada en julio, la jueza ya había anticipado su inclinación en favor de Harvard. La decisión de este miércoles confirma ese adelanto y representa un nuevo revés judicial para la Casa Blanca en su enfrentamiento con las universidades.
Origen de la disputa
El origen de la disputa se remonta al inicio del año, cuando la Administración Trump exigió a Harvard supervisar sus procesos de admisión, contratación y el pensamiento ideológico de su comunidad universitaria.
Ante la negativa del centro, el Ejecutivo anunció el congelamiento de los fondos, que financiaban proyectos de investigación médica, científica y tecnológica.
El caso se enmarca en la estrategia del “Grupo de trabajo federal para combatir el antisemitismo”, creado por Trump, que acusa a Harvard de ejercer “discriminación positiva” y de no garantizar la “diversidad de ideas”.
La universidad respondió con una demanda, alegando que el bloqueo ponía en riesgo programas clave y que la decisión era un ataque directo a la autonomía académica.
En paralelo, el Gobierno intensificó la presión al intentar prohibir la matrícula de estudiantes extranjeros en el campus, una medida que también fue frenada por Burroughs en una resolución previa.