González Colón se mostró despreocupada ante las próximas elecciones tras intercambio de información de comunidad migrante
SAN JUAN PUERTO RICO: La gobernadora Jenniffer González Colón reiteró ayer que “estamos obligados” a cumplir con los requerimientos de Homeland Security Investigations (HSI) en la entrega de información sobre migrantes con estatus no definido en Puerto Rico, porque “no voy a poner en riesgo la pérdida de fondos federales”.
“Reconozco el valor y la importancia que tiene nuestra comunidad inmigrante en Puerto Rico y las contribuciones importantes que hacen a nuestra economía. Pero la realidad es que el gobierno de Puerto Rico no puede escoger qué leyes federales aplican y qué leyes federales no aplican a Puerto Rico. De la misma manera que aplica el Seguro Social, que aplica el Medicaid y que aplica el PAN (Programa de Asistencia Nutricional), que aplican tantas otras leyes, también aplica las leyes de inmigración y las leyes de inmigración le dan unos poderes a la Agencia Federal de Homeland Security para emitir supinas”, detalló la gobernadora.
La solicitud de nombres y direcciones de cerca de 6,000 conductores bajo la Ley 97 del 2013, se produjo el pasado 26 de enero, aunque el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Edwin González, había negado cualquier tipo de colaboración.
Por su parte, González Colón aseguró que oponerse a entregar la información “hubiera significado la pérdida de $178 millones al año”, solo para Carreteras.
Desconoce otras directrices
González Colón dijo desconocer si otras agencias locales han recibido directrices para entrega de información. Trascendió que personal de HSI solicitó una reunión con la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig.
“He estado en conversaciones con otros gobernadores tan recientes como esta semana, donde se les ha requerido a los gobernadores que participemos voluntariamente de unos programas que tienen que ver con asuntos de inmigración. Nosotros no hemos firmado ningún acuerdo colaborativo en ese sentido, ni estamos ayudando en otras cosas que se le están pidiendo a los estados. Pero hay una gran diferencia. Una cosa es ese acuerdo voluntario, esa colaboración del estado y otra cosa es un requerimiento de lo que recibimos en enero”, abundó.
El secretario de Asuntos Públicos, Hiram Torres Montalvo, afirmó el jueves que “cuando son asuntos de esta seriedad, obviamente se tiene que mantener informado a la gobernadora”. Sin embargo, González Colón dijo se enteró de la situación “hace pocos días por la discusión pública”.
De otra parte, según la primera ejecutiva, el comisionado residente, Pablo José Hernández, “está enajenado de la realidad”, luego de que desafiara el argumento de que el gobierno debía cooperar para no perder fondos federales, señalando precedentes legales de 20 estados que se han opuesto a presiones similares del gobierno federal.
“Todos los meses habla que estamos perdiendo fondos federales. El gobierno de Puerto Rico, hemos hecho nuestras gestiones para no perderlos. Entonces, ahora que, en efecto, tenemos una comunicación diciendo que se provea información, él conoce el Congreso y si no lo sabe, que lo aprenda, que un supina, es un supina y que cuando las agencias federales citan, los gobiernos tenemos que cumplir”, apuntó González Colón.
Sin embargo, Vivian Godineaux, presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas, calificó la entrega de documentos que realizara el DTOP como “una afrenta y una violación al derecho universal a la privacidad en lo referente a información privada, indistintamente del estatus migratorio de las personas”.
Nosotros no hemos firmado ningún acuerdo colaborativo en ese sentido, ni estamos ayudando en otras cosas que se le están pidiendo a los estados. Pero hay una gran diferencia. Una cosa es ese acuerdo voluntario, esa colaboración del estado y otra cosa es un requerimiento de lo que recibimos en enero.
Jenniffer González Colón
Gobernadora
Sin preocupación política
Entretanto, González Colón se mostró despreocupada ante posibles campañas políticas en su contra de cara a las próximas elecciones.
“Ninguna persona que sea ilegal puede votar en Puerto Rico. No tienen derecho al voto personas que tengan estatus migratorio ilegal. Esa es la realidad. Y lo segundo es eso, el pueblo lo tiene que determinar. Pero yo tengo que cumplir con la ley y no puedo en aras de satisfacer los intereses personales de alguien, incumplir con la ley. Esa es la realidad”, estableció.
Nuevo cónsul general de República Dominicana en Puerto Rico
El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, designó a Rosendo Arsenio Borges Rodríguez como nuevo cónsul general de la República Dominicana en Puerto Rico. Mientras, su antecesor César Julio Cedeño, fue designado como embajador interno en el Ministerio de Relaciones Exteriores