WASHINTON: Más de 500,000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela enfrentan un futuro incierto en Estados Unidos tras la decisión de la Corte Suprema de autorizar la revocación del programa de “parole” humanitario impulsado por la administración de Joe Biden.
La medida, fue solicitada por el gobierno de Donald Trump mediante una apelación de emergencia, deja a miles de personas expuestas a procesos de deportación acelerada, mientras continúan los litigios en tribunales inferiores.
El programa, implementado en 2022 y ampliado en 2023, permitió el ingreso legal y temporal de migrantes de los cuatro países por un período de hasta dos años, siempre que contaran con patrocinadores económicos y superaran verificaciones de seguridad. Según The New York Times, más de 530,000 personas accedieron a esta vía legal para residir y trabajar en EE. UU., en respuesta a las crisis políticas y humanitarias en sus países.
La decisión de la Corte, emitida el 30 de mayo sin una argumentación escrita, recibió el voto disidente de las juezas Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor. Jackson advirtió que el tribunal “subestimó las consecuencias devastadoras” de permitir una cancelación abrupta del estatus migratorio de medio millón de personas “mientras sus reclamos legales siguen pendientes”.
Revocación masiva y debate judicial
El parole humanitario tiene antecedentes desde la década de 1950, cuando fue utilizado por el gobierno estadounidense para permitir el ingreso temporal de personas en situaciones de emergencia humanitaria o interés público. La administración de Biden recurrió a este mecanismo para canalizar de manera ordenada el flujo migratorio desde países con inestabilidad severa, como alternativa a cruces fronterizos irregulares.
Sin embargo, el gobierno de Trump ha buscado desmantelar estos programas. En enero, firmó una orden ejecutiva para suprimir los permisos colectivos, y en marzo, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció la revocación generalizada del estatus de parole, lo que acortó los plazos de permanencia y facilitó su inclusión en procedimientos de deportación expedita (expedited removal).
Esta decisión fue impugnada por migrantes y sus patrocinadores en cortes federales. En abril, la jueza Indira Talwani, en Massachusetts, falló que la ley de inmigración exige revisiones caso por caso y que una terminación masiva violaría ese principio. En mayo, el Primer Circuito de Apelaciones, con sede en Boston, confirmó temporalmente la suspensión de la medida.
Impacto social y económico
La posible revocación ha generado alarma entre defensores de derechos migratorios y sectores económicos. Según USA Today, beneficiarios del programa han ocupado puestos clave en áreas como salud, construcción y manufactura, representando hasta un 20 % de la fuerza laboral en algunas industrias. Comunidades, sindicatos y gobiernos locales advirtieron sobre los graves efectos económicos y sociales que tendría la cancelación.
Organizaciones legales advirtieron ante la Corte Suprema que los afectados “cumplieron todas las reglas del gobierno de EE. UU. y ahora podrían ser forzados a regresar a países donde enfrentan riesgo de persecución o muerte”. Algunos llevan casi dos años en EE. UU., mientras otros llegaron recientemente.
En febrero, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) suspendió la tramitación de solicitudes de beneficios para personas bajo el programa, alegando la necesidad de implementar mecanismos de verificación para prevenir fraudes.
Escenario legal aún no cerrado
Aunque la Corte Suprema permitió avanzar con la revocación, el proceso judicial continúa en instancias inferiores, lo que mantiene la incertidumbre sobre el destino de miles de personas.
Talia Inlender, subdirectora del Centro de Derecho y Política de Inmigración de la Universidad de California, advirtió a LA Times que esta situación “forzará a los migrantes a una elección imposible: quedarse y enfrentar la deportación, o irse voluntariamente, renunciando a sus solicitudes legales”.
El mismo tribunal ya había autorizado el 19 de mayo que el gobierno de Trump revocara el Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 350,000 venezolanos, en otro revés para las políticas migratorias adoptadas bajo Biden.
Según USA Today, si se concreta la revocación, sería “el mayor evento de ilegalización masiva en la historia moderna de Estados Unidos”.
Infobae