SANTO DOMINGO: El Director nacional de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, instó a la procuradora general de la República a asumir directamente, a través de las distintas jurisdicciones del Ministerio Público, la investigación penal de todos los casos denominados «intercambios de disparos», al advertir que la lucha contra la delincuencia no puede justificar actuaciones al margen de la justicia.
Valentín Santos cuestionó la normalización social de la expresión «poner en 29», que, según explicó, se ha popularizado como una supuesta orden indirecta para quitarle la vida a un ciudadano.
El funcionario fundamentó su reclamo en las disposiciones constitucionales y legales que protegen el derecho a la vida, la dignidad humana y establecen límites al uso de la fuerza por parte de los agentes policiales.
Recordó que el artículo 37 de la Constitución establece la inviolabilidad del derecho a la vida y prohíbe la pena de muerte, mientras que el artículo 38 consagra la dignidad humana como un valor fundamental del Estado de derecho.
Asimismo, citó la Ley Orgánica de la Policía Nacional (590-16), que establece como misión de esa institución proteger y preservar la vida, la integridad física y la seguridad de las personas.
Señaló que la normativa limita las funciones policiales a ejecutar detenciones y capturas conforme a la ley, prohíbe la tortura y los tratos crueles y establece que el uso de armas de fuego debe ser una última opción, bajo criterios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad.
Advierte sobre posibles responsabilidades penales
El titular de la Defensa Pública también hizo referencia al artículo 92 de la Ley 74-25, que tipifica el asesinato cuando concurren circunstancias como la premeditación o la acechanza.
“Cuando un grupo de policías armados, técnicos y obedientes al poder civil se reúnen, planifican, dan seguimiento, acechan, ubican y le dan alcance a una persona y esta pierde la vida sin una investigación seria, estamos ante actuaciones con características de asesinatos. Quienes los cometen deben responder penalmente”, enfatizó
Valentín Santos sostuvo que cada muerte ocurrida durante una intervención policial debe ser sometida a una investigación independiente, con los procedimientos forenses correspondientes.
En ese sentido, recordó que la Ley 136-80 establece la obligatoriedad de realizar autopsias judiciales ante muertes violentas, repentinas o producidas dentro de recintos penitenciarios.
También destacó el papel del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), conforme a la Ley 454-08, en la realización de los análisis científicos necesarios para esclarecer las circunstancias de cada fallecimiento.
Ante esta situación, planteó la siguiente interrogante: ¿A cuáles y a cuántos casos de supuestos intercambios de disparos presentados por el cuerpo del orden el Ministerio Público ha remitido al INACIF para una investigación científica real?
A su juicio, las autoridades judiciales deben ofrecer una respuesta sobre los procedimientos aplicados en estos casos.
Reclama mayor intervención del Ministerio Público
El director de la Defensa Pública recordó que, conforme al artículo 1 de la Ley 133-11, el Ministerio Público tiene la responsabilidad de dirigir la investigación penal y ejecutar la política criminal del Estado
Por esa razón, consideró que la Procuraduría General de la República debe asumir un papel activo en la fiscalización de las actuaciones policiales que terminan con la muerte de ciudadanos.
Valentín Santos aclaró que su planteamiento no significa impedir que el Estado enfrente con firmeza la delincuencia, ni desconocer el derecho de los agentes policiales a defenderse legítimamente ante agresiones reales y demostrables.
Sin embargo, insistió en que cada supuesto intercambio de disparos debe documentarse mediante informes de hechos, investigaciones forenses y las actuaciones judiciales correspondientes, a fin de determinar si el uso de la fuerza estuvo justificado y evitar posibles ejecuciones extrajudiciales.

