SANTO DOMINGO: El Ministerio Público solicitará 18 meses de prisión preventiva contra la gastroenteróloga Ysabel Heredia Vallejo, investigada por su presunta vinculación con el entramado de corrupción que, según la acusación, sustrajo fondos públicos mediante operaciones fraudulentas con el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Heredia Vallejo fue arrestada luego de entregarse a las autoridades y será presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional. Además de la prisión preventiva, el Ministerio Público pedirá que el proceso sea declarado de tramitación compleja.
La solicitud forma parte de la segunda etapa de la investigación denominada Operación Cobra 2.0-A, mediante la cual el órgano acusador persigue a personas que, de acuerdo con sus investigaciones, participaron en un esquema para distraer recursos del Estado a través de SeNaSa.
El pasado sábado, el Ministerio Público sometió a la justicia a 25 personas arrestadas durante los operativos realizados en la víspera. Para este grupo también solicita prisión preventiva y la declaratoria de complejidad del proceso.
Entre los sometidos figuran Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova y Lucreisy Polanco Núñez, además de los médicos Einstein Rafael Borromé Valdez, Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luis Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
También fueron sometidos los médicos Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
El Ministerio Público sostiene que la complejidad del caso se justifica por la pluralidad de hechos, víctimas y posibles implicados, además de que se investiga una estructura que califica como delincuencia organizada.
La primera etapa de Cobra
La investigación se inició con la Operación Cobra, mediante la cual el Ministerio Público arrestó el año pasado al entonces director ejecutivo de SeNaSa, Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, señalado como cabecilla del entramado.
En esa primera etapa también fueron arrestados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Eduardo Read Estrella y Ángel Luis Guzmán Vásquez.
A los imputados se les atribuyen cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
Según el Ministerio Público, durante la investigación se han obtenido evidencias de sobornos, adulteración de estados financieros y programas especiales sin sustento jurídico que habrían sido utilizados para distraer fondos mediante maniobras fraudulentas.
El órgano acusador sostiene que el esquema operaba desde la dirección ejecutiva de SeNaSa, en coordinación con funcionarios de la ARS y prestadores de servicios de salud.
Operación Onco 14
Como parte de las líneas de investigación relacionadas con el caso, el Ministerio Público también ejecutó en junio la Operación Onco 14, que derivó en el arresto de tres personas vinculadas, según la acusación, a maniobras fraudulentas contra el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), pacientes con cáncer y SeNaSa.
Entre los arrestados figuran Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC; su esposa Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida; y su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez, quien ocupó la Vicepresidencia del patronato y se desempeñó como auditora interna y externa de la institución.
Lora Cruceta y Guzmán cumplen prisión preventiva, mientras Vargas Sánchez cumple arresto domiciliario