SANTO DOMINGO: El Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional envió a juicio al coronel Narciso Antonio Féliz Romero, exencargado de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional, y al capitán Nelson Valdez, por su presunta vinculación con el robo y venta ilegal de municiones y pertrechos de la institución.
También fueron enviados a juicio Víctor Manuel Santos Rodríguez, Juan Luis Díaz Medina, Ángel Rubiel Martínez Bacilio y Morelbin Medina Pérez, señalados por el Ministerio Público como integrantes de la estructura investigada en la Operación Pandora.
La decisión fue adoptada por la jueza Patricia Padilla, quien rechazó además la solicitud de procedimiento penal abreviado presentada a favor de Miguelina Bello Segura y dispuso que el proceso en su contra continúe por la vía ordinaria.
A Féliz Romero, Valdez, Martínez Bacilio, Díaz Medina y Medina Pérez se les varió la prisión preventiva por una garantía económica de 500,000 pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica ante el Ministerio Público.
En el caso de Santos Rodríguez, se mantienen las medidas de coerción que incluyen garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica. La jueza también ordenó el decomiso de bienes relacionados con Marino Antonio Rodríguez Toribio y la empresa Tactical Accesories RH, S.R.L.
Rodríguez Toribio fue condenado a cinco años de prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario, luego de que el tribunal acogiera parcialmente un acuerdo entre este y el Ministerio Público.
Además, la empresa Tactical Accesories RH, S.R.L. fue clausurada de manera definitiva, mientras que su representante deberá pagar una multa equivalente a 10 salarios mínimos del sector público y se ordenó el decomiso de los bienes incautados.
Según el expediente de la Operación Pandora, la estructura habría sustraído y comercializado miles de municiones, armas y explosivos bajo custodia de la Intendencia de Armas de la Policía, causando un perjuicio al Estado estimado en 92 millones 191 mil 732 pesos con 92 centavos.
El Ministerio Público acusa a los imputados de coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco y asociación de malhechores, además de violaciones a las leyes sobre armas y lavado de activos, por su presunta participación en la sustracción y comercialización ilícita de los bienes.