SANTO DOMINGO: El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra Ángel Gabriel Capellán e Isaías Ramón Muñoz Rodríguez, acusados de maltratar física y psicológicamente a varios menores de edad en un inmueble donde operaba la Fundación Restaurando Vida, en Bajos de Haina, San Cristóbal. Ambos también son señalados por presuntos delitos relacionados con trabajo o servicio forzado en perjuicio de los niños.
Los imputados fueron sometidos ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal, que fijó para este jueves 3 de septiembre la audiencia para conocer la solicitud de coerción. La petición fue presentada por representantes de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y de la Fiscalía de San Cristóbal.
El caso salió a la luz luego de que uno de los menores que permanecía en el lugar escapara y acudiera a un destacamento policial. El niño alertó a las autoridades sobre las condiciones en las que se encontraban los menores alojados en el establecimiento.
A partir de esa denuncia, el Ministerio Público inició una investigación que derivó en la solicitud de órdenes judiciales de arresto contra Capellán y Muñoz Rodríguez. Posteriormente, las autoridades realizaron un operativo durante la noche del 29 y la madrugada del 30 de agosto.
Los allanamientos fueron ejecutados de manera simultánea en los sectores La Pared y El Carril, de Bajos de Haina. Durante la intervención fueron rescatados 13 niños, niñas y adolescentes con edades comprendidas entre cuatro meses y 13 años.
De acuerdo con el expediente, los menores presentaban signos evidentes de maltrato físico y psicológico. El inmueble intervenido funcionaba bajo la fachada de una fundación y un espacio religioso localizado dentro de una finca.
La investigación contó con la participación de la Fiscalía de San Cristóbal, la Procuraduría Especializada contra la Trata y Tráfico de Personas y unidades de la Policía Nacional. También participaron organismos de protección de la niñez, entre ellos el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
El menor que escapó del lugar fue sometido a una evaluación médico-legal, en la que se documentaron múltiples lesiones en el rostro, brazos, piernas, dorso y espalda. Además, presentaba quemaduras de segundo grado en el dorso de ambas manos, en proceso de cicatrización.
Una evaluación psicológica forense estableció que el menor no asistía a la escuela y que era obligado a realizar trabajos con madera destinados a la construcción de una vivienda. También se determinó que era sometido de forma constante a maltratos físicos y castigos.
Durante las labores de inteligencia, las autoridades identificaron a Muñoz Rodríguez, quien, según la acusación, trasladó a varios menores a una vivienda ubicada en El Carril, Los Solares, tras conocer el arresto de Capellán. El imputado habría utilizado para el traslado un Toyota Corolla CE, año 1994, color beige.
En los registros realizados con autorización judicial, las autoridades encontraron pertenencias vinculadas a menores de ambos sexos y diferentes edades. Entre los objetos ocupados figuran ropa, cuadernos, uniformes, mochilas, juguetes, reconocimientos escolares, documentos personales y armas blancas.
El Ministerio Público sostiene que la Fundación Restaurando Vida, también identificada como “Un Muerto que Revive”, no contaba con autorización legal para operar como hogar de acogida de niños, niñas y adolescentes. La acusación señala que la recepción de fondos, donaciones y otros mecanismos de captación de recursos se realizaban al margen de la regulación establecida.
La solicitud de prisión preventiva busca garantizar la presencia de los imputados durante el proceso y evitar posibles riesgos para la investigación y las víctimas. Mientras tanto, las autoridades mantienen abiertas las pesquisas para determinar todas las circunstancias relacionadas con el funcionamiento del establecimiento y las personas que pudieran estar vinculadas al caso.