SANTO DOMINGO: Las juezas Arlin Ventura Jiménez, Leticia Martínez y Evelyn Rodríguez, del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, aplazaron para el próximo 2 de septiembre la continuación del juicio de fondo en contra de Donald Guerrero, el exsenador Rafael Calderón, el abogado Ángel Lockward y otros implicados en el caso Calamar. La decisión fue adoptada durante la primera audiencia para conocer el fondo del proceso, que estaba pautada para este miércoles.
El tribunal también ordenó fusionar el expediente presentado contra Rafael Calderón y Natividad Martínez Capellán con el expediente principal de la acusación contra Donald Guerrero y los demás procesados. Con esta medida, los acusados serán juzgados dentro de un mismo proceso penal por los hechos que les atribuye el Ministerio Público.
Las juezas rechazaron además una solicitud de reposición de plazos presentada por las barras de la defensa. La continuación del juicio fue fijada para las 9:00 de la mañana del 2 de septiembre de 2026.
El Ministerio Público estuvo representado en la audiencia por el director general de Persecución, Wilson Camacho, y la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz. También participaron los fiscales Miguel Collado, Rosa Ysabel, Miguel Crucey, Rosa Alba García, Jhensy Víctor y Melbin Romero.
En mayo pasado, el Ministerio Público obtuvo la apertura a juicio contra 35 de los 40 acusados en el expediente de la Operación Calamar. Entre los enviados a juicio figuran el exministro Donald Guerrero, el abogado Ángel Lockward, el excontralor Daniel Omar de Jesús Camacho Santana, el exdirector del CEA Luis Miguel Piccirillo Mccabe, el director de Catastro Claudio Silver Peña y el exdirector de Casinos Julián Omar Fernández Figueroa.
El expediente también incluye a Princesa Alexandra García Medina, Yahaira Brito Evangelista, Edwin Oscar Brito, Mabel Mejía, Nathaly Hernández Guzmán, Kimberly Zayas Martínez, Marino Cabrera, Agustín Mejía Ávila, César Santana, Omar Miqui Arias, Alejandro Constanzo Sosa y Juan Tomás Polanco Céspedes. En el proceso también aparecen otras personas y empresas acusadas por el Ministerio Público de formar parte de la estructura investigada.
El órgano acusador sostiene que los procesados defraudaron al Estado dominicano con más de 19 mil millones de pesos mediante una estructura de corrupción administrativa. Según la acusación, el esquema incluyó pagos irregulares relacionados con expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y sobornos destinados, entre otros fines, al financiamiento de la campaña electoral de 2020.
El Ministerio Público también atribuye al grupo la sustracción de recursos vinculados al pago de deudas de distintos ministerios. A esto suma un supuesto esquema de sobornos relacionado con los juegos de azar bajo regulación del Ministerio de Hacienda.
Los imputados enfrentan cargos por asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno, financiamiento ilícito de campaña y lavado de activos. La acusación fue presentada contra personas físicas y varias empresas.
Para sustentar el expediente, el Ministerio Público presentó más de 1,278 medios de prueba. La cantidad incluye evidencias con las que la acusación busca demostrar la existencia y operación de la estructura de corrupción que atribuye a los procesados.
En paralelo, el Ministerio Público apeló el auto de no ha lugar dictado a favor de los exministros José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo Terrero, además de otros tres acusados. La Fiscalía sostiene que el tribunal realizó una valoración incorrecta de varias de las pruebas presentadas durante el proceso.
La Operación Calamar comenzó el 18 de marzo de 2023 con 40 allanamientos realizados en el Distrito Nacional, Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana. En el operativo participaron 40 fiscales, técnicos de distintas unidades de investigación y alrededor de 300 agentes de la Policía Nacional.