De Villa Altagracia a San Cristóbal: la reiteración de muertes en celdas y retenes evidencia una crisis de derechos humanos que ni los cambios de uniforme ni la reforma oficial han logrado frenar.
ADALGIZA CORCINO/PRENSALIBRE INDEPENDIENTE
SANTO DOMINGO: La memoria reciente de la sociedad dominicana está atravesada por el eco de patrullas, celdas a oscuras y expedientes de luto que fracturaron la confianza en las instituciones de orden. Entre 2020 y 2024, una trágica secuencia de muertes bajo custodia estatal y ejecuciones extrajudiciales convirtió a los destacamentos policiales en un territorio de alto riesgo para la ciudadanía.
Sucesos como el atroz acribillamiento de los esposos evangélicos Elisa Muñoz y Joel Díaz en Villa Altagracia, el fallecimiento del niño Donaly Martínez tras un disparo policial en el carnaval de Santiago, o la agresión mortal infligida al joven David de los Santos dentro del cuartel de Naco, expusieron ante el país la cara más cruenta del uso desmedido de la fuerza.
Lejos de tratarse de hechos aislados, la reiteración de casos como los de Richard Báez en Cienfuegos, José Gregorio Custodio en San José de Ocoa o Miguel Antonio Lucas en San Cristóbal visibilizó un patrón sistémico de tratos crueles, inhumanos y degradantes. La indignación colectiva, amplificada por las denuncias familiares y el rigor del periodismo de investigación, no solo derivó en condenas judiciales históricas contra mandos y agentes involucrados, sino que obligó al Poder Ejecutivo a acelerar la reestructuración de la Policía Nacional.
Este contexto de luto e impunidad desafiada constituye el telón de fondo de una demanda social inconclusa: la transformación radical de una cultura policial que aún lucha por priorizar el respeto a la vida y los derechos humanos. La violencia y el uso excesivo de la fuerza en los recintos policiales continúan bajo el escrutinio público en la República Dominicana.
Así lo deja entre ver una serie de muertes bajo custodia en distintas provincias situación la cual revivió en este 2026 el debate sobre los protocolos de detención, la formación en derechos humanos y la efectividad de la tan anunciada reforma integral de la Policía Nacional, tras el último caso “Miguelito” en San Cristóbal.
Sin duda alguna, los grupos de interés y la sociedad civil dominicana consideran como urgente la reforma estructural de la Policía Nacional, y la esperada modificación de vestuario y nueva utilería, mientras los valores, la moral y la ética profesional se estanca en la institución y la supuesta corrupción no se detiene.
Línea de tiempo (2020-2026)
Entre los hechos de mayor impacto ocurridos en destacamentos figura el de José Gregorio Custodio, de 38 años, quien fue apresado el 17 de abril de 2022 en San José de Ocoa. Custodio sufrió severas golpizas bajo la custodia de los agentes y falleció al día siguiente, 18 de abril, en el hospital provincial.
En un lapso de pocas semanas, el 21 de marzo de ese mismo año, Richard Báez, conocido como «El Peluquero» (30 años), fue golpeado tras su arresto en el cuartel de Cienfuegos, en Santiago, pereciendo el 4 de abril en el Hospital Cabral y Báez a causa de un trauma craneoencefálico. Poco después, el 27 de abril de 2022, el joven de 24 años David de los Santos Correa fue retenido en un centro comercial y trasladado al destacamento de Naco, donde recibió contusiones graves que le provocaron la muerte el 1 de mayo en el Hospital Darío Contreras.
La secuencia de agresiones bajo resguardo estatal registra también el caso de Miguel Antonio Lucas Valenzuela («Miguelito»), detenido en San Cristóbal a principios de 2026. Tras ingresar con heridas de gravedad a un centro de salud procedente del destacamento local, las autoridades alegaron inicialmente una complicación por leptospirosis, una versión que fue desmentida por análisis forenses independientes gestionados por sus familiares, quienes denunciaron que fue víctima de agresiones físicas dentro del recinto.
A estos episodios se suman sucesos trágicos ocurridos durante intervenciones en la vía pública o periodos de excepción. Durante el toque de queda por la pandemia, el 28 de septiembre de 2020, Robinson Merced Báez (27 años) falleció tras recibir golpes por parte de patrulleros en el cuartel de Padre Las Casas, Azua.
Meses después, el 30 de marzo de 2021, la sociedad dominicana se estremeció con el acribillamiento de los esposos Elisa Muñoz y Joel Díaz en Villa Altagracia, cuando una patrulla abrió fuego por «error» contra su vehículo en un retén policial.
La indignación ciudadana alcanzó un punto álgido durante las festividades culturales de 2023, cuando el 12 de febrero el niño Donaly Martínez, de 11 años, perdió la vida en Santiago de los Caballeros por un disparo efectuado por un agente policial en medio de un altercado por el volumen de la música en pleno carnaval.
La constante de violencia en las celdas se reitera en hechos como el registrado en febrero de 2024 en Sosúa, Puerto Plata, donde Alejandro Martínez (44 años), un ciudadano diagnosticado con esquizofrenia, falleció en el destacamento municipal tras ser propinado de severos golpes mientras permanecía detenido.
En octubre de 2023, el Primer Tribunal Colegiado de la provincia San Cristóbal dictó sentencia contra la patrulla policial involucrada en el acribillamiento de la pareja de esposos evangélicos:
Ni la religión los pudo salvar
El caso de Elisa Muñoz Marte (32 años) y Joel Eusebio Díaz Ferrer (28 años) es uno de los episodios más trágicos e indignantes en la historia reciente de la Policía Nacional dominicana, al tratarse del acribillamiento de dos jóvenes esposos evangélicos a manos de una patrulla militar-policial.
El hecho ocurrió la noche del martes 30 de marzo de 2021 a la altura del kilómetro 45 de la autopista Duarte, en el municipio de Villa Altagracia. La pareja regresaba hacia Santo Domingo tras participar en un servicio religioso en la comunidad de Los Alcarrizos junto a otros dos acompañantes (Claudio Alberto Ramírez, quien resultó herido de bala, y una cuarta persona que salió ilesa).
Al desplazarse en un automóvil Kia K5 color blanco, el vehículo fue interceptado en un retén policial improvisado. Sin mediar palabra ni realizar una señal de parada previa, los agentes de la patrulla abrieron fuego de manera indiscriminada contra el automóvil, impactándolo con decenas de disparos de armas de alto calibre. Elisa y Joel fallecieron instantáneamente en el lugar a causa de múltiples heridas de bala.
La versión inicial ofrecida por la Policía Nacional justificó la acción bajo el alegato de que la patrulla perseguía a unos desaprensivos que supuestamente habían cometido un robo en la zona y que utilizaban un vehículo con características similares («confusión de vehículo»). Sin embargo, las investigaciones del Ministerio Público desmintieron cualquier tipo de intercambio de disparos, confirmando que las víctimas no portaban armas y que se trató de un uso arbitrario, desmedido y criminal de la fuerza letal.
El crimen conmocionó profundamente a la sociedad dominicana y generó repudio internacional, provocando masivas protestas, la destitución inmediata de toda la dotación policial de Villa Altagracia y la suspensión del coronel al mando. Además, aceleró los reclamos de la ciudadanía para que el Poder Ejecutivo iniciara el proceso de reforma integral de la institución del orden.
Precedente jurisprudencial
Los procesos judiciales por estos tres casos emblemáticos de abuso policial marcaron un precedente en la justicia dominicana, resultando en condenas de hasta 30 años de prisión para varios de los agentes e implicados directos:
Caso David de los Santos (Destacamento de Naco, 2022)
En junio de 2023, el Primero Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó sentencia condenando a un total de siete personas (tanto a policías responsables de la custodia como a civiles alojados en la celda):
Agentes Policiales
El capitán Jael Antonio Vázquez Cruz y el cabo Alfonso Decena Hernández fueron condenados a 15 años de prisión por omisión de socorro, faltas graves a sus deberes y tortura.
El segundo teniente Germán García de la Cruz y el raso Santhy Magallanes recibieron 15 años de prisión por su responsabilidad en la custodia y no evitar la agresión.
Civiles (reclusos de la celda)
Los civiles Santiago Mateo Victoriano, Michael Pérez Ramos y Jean Carlos Martínez Peña fueron condenados a la pena máxima de 30 años de prisión por tortura y barbarie, al determinarse que golpearon directamente a David por instrucción u omisión de la patrulla.
Caso Donaly Martínez (Carnaval de Santiago, 2023)
En febrero de 2024, el Primer Tribunal Colegiado de Santiago emitió la condena contra el agente policial que efectuó el disparo:
Alejandro Castro Cruz (Cabo de la Policía): Condenado a 15 años de prisión al ser hallado culpable de homicidio voluntario y uso desproporcionado de la fuerza contra el niño Donaly Martínez (11 años), además de las heridas infligidas al padre del menor durante el altercado en el carnaval.
Caso Elisa Muñoz y Joel Díaz (Villa Altagracia, 2021)
En el plano judicial, en octubre de 2023, el Primer Tribunal Colegiado de la provincia San Cristóbal dictó sentencia contra la patrulla policial involucrada en el acribillamiento de la pareja de esposos evangélicos, tras un largo proceso de audiencias, en contra los principales involucrados:
El coronel César Maríñez Lora (jefe del departamento local) y el cabo Guillermo Rosario Melo fueron condenados a 30 años de prisión, mientras que otros agentes recibieron penas de hasta 20 años por homicidio voluntario, asociación de malhechores y uso arbitrario de armas de fuego.
Condena Máxima (30 años)
Maríñez Lora y Rosario Melo fueron condenados a 30 años de prisión por homicidio voluntario, asociación de malhechores y uso arbitrario de armas de fuego.
Condena de 20 años
El raso Emil Alexander Rincón Martes recibió 20 años de prisión por participación directa en los disparos contra el vehículo.
Absoluciones
Varios agentes de menor rango pertenecientes a la patrulla fueron absueltos por falta de pruebas concluyentes sobre su participación directa en los disparos, aunque el tribunal ordenó investigación administrativa interna.
De la repercusión jurídica, se debe establecer que estas condenas sentaron jurisprudencia en el país al establecer la responsabilidad penal por omisión en el caso de mandos policiales que, teniendo la custodia de un ciudadano, permiten o facilitan tratos crueles, inhumanos o degradantes
Opinión pública, sociedad civil y cobertura mediática
La reacción de la opinión pública, los medios de comunicación y las organizaciones de derechos humanos frente a este patrón de abuso policial se ha caracterizado por una profunda indignación, un marcado incremento en la desconfianza institucional y la exigencia de reformas estructurales urgentes.
En las calles y redes sociales, casos emblemáticos como los de David de los Santos, Donaly Martínez y la pareja de esposos en Villa Altagracia desencadenaron movilizaciones ciudadanas, encendidos de velas frente a recintos policiales y marchas en las principales ciudades del país. Esta ola de protestas reflejó el temor colectivo al denominado «efecto custodia», una percepción generalizada de que los destacamentos dejaron de ser espacios de protección para convertirse en lugares de alto riesgo.
Asimismo, la narrativa oficial que atribuía estos abusos a simples «manzanas podridas» perdió sustento, llevando a la sociedad a demandar responsabilidades penales e institucionales a los altos mandos y no solo a los agentes de menor rango.
En este escenario, el periodismo de investigación jugó un rol fiscalizador determinante. Espacios de cobertura nacional como El Informe con Alicia Ortega y Nuria Investigación Periodística resultaron clave para desmontar las versiones preliminares ofrecidas por la institución, sacando a la luz contradicciones en autopsias, testimonios de testigos y grabaciones de cámaras de seguridad.
A la par, los principales diarios mantuvieron el tema en sus editoriales, calificando las agresiones como evidencia del agotamiento de un modelo policial caduco. La rápida difusión de imágenes y relatos familiares en redes sociales funcionó como un mecanismo de presión ciudadana que aceleró el accionar del Ministerio Público e impidió que los expedientes quedaran relegados a meras investigaciones administrativas internas.
Desde la sociedad civil y el ámbito internacional, la presión se tradujo en demandas puntuales de rendición de cuentas y vigilancia. Entidades como la Defensoría del Pueblo y diversas comisiones de derechos humanos criticaron la demora en los procesos disciplinarios y exigieron la instalación obligatoria de sistemas de videovigilancia en celdas y áreas de interrogatorio.
En ese orden, organismos internacionales de la talla de Amnistía Internacional y el Departamento de Estado de los Estados Unidos documentaron estos sucesos en sus informes anuales sobre la República Dominicana, advirtiendo sobre serias deficiencias en los protocolos de detención y en el uso proporcional de la fuerza por parte de los agentes estatales.
Ante la magnitud del descontento y el costo político generado, el Poder Ejecutivo se vio obligado a acelerar el proceso de reforma integral de la Policía Nacional. Entre las medidas institucionales impulsadas destacan la revisión a la Ley Orgánica de la institución (Ley 590-16), el rediseño curricular de la Escuela de Entrenamiento Policial para priorizar la formación en derechos humanos, y la incorporación de tecnología como cámaras corporales (bodycams) y sistemas de monitoreo en cuarteles clave.
Sin embargo, el consenso en la prensa y la opinión pública se mantiene reservado: se percibe que la transformación de la cultura policial avanza de forma lenta y que solo un control judicial riguroso podrá garantizar la «cero impunidad» en los casos de abuso de autoridad.