SANTO DOMINGO: El abogado constitucionalista Jorge Prats afirmó este lunes que el nuevo Código Penal debe entrar en vigencia el próximo 1 de agosto, al considerar que, pese a las críticas que ha recibido durante su largo proceso de discusión, las modificaciones incorporadas representan avances importantes y su verdadera eficacia solo podrá evaluarse con su aplicación en los tribunales.
Previo a su participación en el foro Amigos que Suman, dedicado al análisis del impacto del nuevo Código Penal, Prats recordó que durante años la pieza legislativa ha sido objeto de debates y observaciones por parte de distintos sectores de la sociedad.
Indicó que, en su momento, cuestionó algunas disposiciones por entender que respondían al llamado «populismo penal», al enfatizar que los sistemas de justicia más efectivos no son aquellos que imponen las penas más severas, sino los que garantizan sanciones razonables y la certeza de que serán aplicadas.
Empero, señaló que el proyecto ha sido objeto de múltiples modificaciones como resultado de las críticas y propuestas formuladas durante el proceso legislativo, razón por la cual entiende que ya debe iniciar su implementación.
«El Código debe estar en vigencia ahora, el 1 de agosto, y debe nombrarse una comisión de seguimiento para evaluar cuál es su aplicación efectiva en los tribunales», expresó.
Prats destacó que entre los cambios introducidos figuran ajustes relacionados con los delitos de difamación, los cuales, a su juicio, fortalecen la protección de la libertad de expresión y se ajustan a los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional.
En términos generales, consideró que las modificaciones realizadas son pertinentes, aunque reconoció que algunas disposiciones podrían requerir ajustes con el paso del tiempo.
El jurista sostuvo que ninguna legislación nace perfecta y que las eventuales deficiencias solo pueden identificarse mediante su aplicación práctica.
«No se puede pretender tener una ley perfecta. Hay que ver la ley caminando, respirando y transpirando. A partir de esa aplicación se podrán deducir las consecuencias para realizar posibles modificaciones», manifestó.
Prats expresó su confianza en que la implementación del nuevo Código Penal tendrá resultados positivos, siempre que exista un compromiso de los diferentes actores del sistema de justicia.
A su juicio, fiscales, jueces, la academia, las universidades y la doctrina jurídica desempeñarán un papel fundamental en la interpretación y consolidación de la nueva normativa, contribuyendo a garantizar una aplicación coherente y efectiva de sus disposiciones.