SANTIAGO: Pedro Pablo Pérez Pérez fue condenado a un año de prisión por su participación en una estafa inmobiliaria que dejó a dos ciudadanos sin vivienda y sin el dinero invertido.
Todo comenzó con una promesa de vivienda, pagos constantes y años de espera sin resultados. Luego se ese fue el recorrido de una pareja que terminó en tribunales tras invertir sus ahorros en un proyecto habitacional que nunca se construyó. La Tercera Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega concluyó que no se trató de simples retrasos, sino de un esquema de estafa sostenido en el tiempo.
El caso se remonta a mayo de 2019, cuando los compradores, firmaron un contrato de venta condicional para adquirir un apartamento en el proyecto “Residencial Paraíso Dorado”, en la carretera a Guaigüí. Como ocurre en muchos desarrollos en planos, el modelo consistía en captar clientes antes de construir: se ofrecía el inmueble con facilidades de pago y una promesa de entrega en 18 meses. Bajo ese esquema, la pareja inició el pago del inicial, realizando depósitos periódicos hasta completar RD$342,000, equivalentes al 20% del valor total.
A partir de ahí, según se estableció en el juicio, comenzó el patrón que el tribunal interpretó como parte del modus operandi: mantener a los compradores en un ciclo de expectativas, promesas y excusas.
Durante meses, que luego se convirtieron en año, los adquirientes recibieron explicaciones sobre supuestos retrasos por permisos, trámites administrativos e incluso situaciones externas como la pandemia. Mientras tanto, en el terreno donde se levantaría el proyecto no había avances visibles: ni construcción, ni personal trabajando, solo un letrero promocional y una oficina improvisada que con el tiempo quedó abandonada.
El siguiente paso del esquema, según determinó la corte, fue prolongar la situación sin ofrecer soluciones concretas, hasta que las víctimas acudieron a Pro Consumidor en diciembre de 2023. Allí se produjo un punto clave: en febrero de 2024, el representante de la empresa firmó un acta de conciliación comprometiéndose a devolver el dinero en un plazo de 60 días. Este acuerdo, lejos de resolver el conflicto, se convirtió en una prueba determinante en su contra, ya que el compromiso tampoco fue cumplido.
Para el tribunal, ese incumplimiento consolidó el patrón: captar fondos mediante la venta de un proyecto, no ejecutar la obra, sostener a los clientes con promesas y, finalmente, incumplir incluso acuerdos formales de devolución.
A esto se sumó la participación activa del imputado como representante de la empresa, lo que permitió establecer su responsabilidad directa en los hechos.
Durante el proceso, la defensa intentó desmontar la acusación presentando documentos que acreditaban la existencia legal de la empresa, planos, permisos y trabajos técnicos vinculados al proyecto. Sin embargo, la jueza consideró que esos elementos no desvirtuaban el punto central: el dinero fue recibido, pero ni se entregó el inmueble ni se devolvieron los fondos.
En consecuencia, el tribunal entendió que se configuraron los delitos de estafa y asociación de malhechores, al comprobarse una actuación coordinada para obtener recursos económicos mediante engaño.
Las víctimas, que durante años intentaron recuperar su inversión por vías conciliatorias, reclamaron además de la devolución del dinero una indemnización de cinco millones de pesos por los daños sufridos.
Más allá del monto, el caso refleja una práctica que afecta a múltiples familias: la venta de proyectos inmobiliarios sin ejecución real, donde el tiempo juega a favor de quienes captan el dinero y en contra de quienes esperan una vivienda.