SANTO DOMINGO: La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, instruyó una investigación penal exhaustiva sobre las ocupaciones ilegales, afectaciones y posibles fraudes inmobiliarios en diversas áreas protegidas del país, incluyendo el Parque Nacional Jaragua, la zona de Bucanyé, Valle Nuevo, las Dunas de Baní, la Sierra de Bahoruco y el Parque Nacional Hoyo del Pino.
Con el propósito de llevar a cabo estas indagatorias, la magistrada designó una fuerza de tarea especial conformada por titulares de diferentes áreas del Ministerio Público, bajo la coordinación del procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución.
El equipo de investigación está integrado por los procuradores Mirna Ortiz, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca); Francisco Contreras, de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren); Ramona Nova, de la Procuraduría Especializada Anti-Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; Ana Burgos, de la Unidad de Investigación Inmobiliaria; y Gedeón Platón Bautista Liriano, abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria del Departamento Central.
La instrucción establece que el equipo deberá investigar “todos los actos jurídicos, administrativos o transacciones que hayan dado lugar a la expedición de títulos de propiedad o acciones privadas que afecten la integridad de estas áreas protegidas”, con el fin de identificar posibles entramados criminales, corrupción, falsificación o prevaricación.
Además, la fuerza de tarea, en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, deberá elaborar un informe detallado sobre la situación jurídica y el impacto de los delitos ambientales en las 134 áreas protegidas que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).
La Procuradora General destacó que la conservación de estas áreas, representativas de los ecosistemas y del patrimonio natural y cultural del país, es vital para garantizar la disponibilidad de servicios ambientales y económicos a la sociedad dominicana en las presentes y futuras generaciones.
El Ministerio Público subrayó que esta medida forma parte de un nuevo enfoque en la persecución de los delitos ecológicos, equiparándolos a la criminalidad organizada por su impacto irreversible sobre la sociedad y el medio ambiente, y reafirmó su compromiso con la preservación de los recursos naturales y la seguridad hídrica del país.