WASHINTON: El gobierno de Estados Unidos advirtió al consejo de transición que lidera Haití que se abstenga de realizar cambios en la estructura gubernamental del país caribeño, mientras aumenta la presión internacional para que se convoquen elecciones, las primeras en casi una década.
En un mensaje publicado en X (antes Twitter), la embajada de EE. UU. en Puerto Príncipe afirmó: “Estados Unidos consideraría que cualquier persona que apoye tal iniciativa desestabilizadora, que favorezca a las pandillas, estaría actuando en contra de los intereses de Estados Unidos, la región y el pueblo haitiano, y tomará las medidas apropiadas en consecuencia”.
La representación diplomática estadounidense advirtió además que cualquier intento de reorganizar el poder socavaría los esfuerzos por establecer “un nivel mínimo de seguridad y estabilidad” en un país cada vez más afectado por la violencia de las bandas armadas y el deterioro económico.
Algunos integrantes del consejo están enfrentados con el actual primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, aunque no han explicado públicamente los motivos. La instancia se reunió a puertas cerradas el miércoles, sin emitir declaraciones.
Un portavoz de la oficina del primer ministro declinó hacer comentarios, y los siete miembros del consejo con derecho a voto no respondieron a solicitudes de prensa.
El organismo de transición fue creado para contener el caos tras el magnicidio de Jovenel Moïse en julio de 2021, en medio de un contexto de crisis institucional.
El consejo de transición asumió funciones en abril de 2024 con el respaldo de líderes de la Comunidad del Caribe (CARICOM), después de que grupos armados tomaran el aeropuerto internacional de Haití y atacaran infraestructuras gubernamentales clave, lo que forzó la renuncia del entonces primer ministro Ariel Henry.
Desde entonces, el consejo ha tenido la responsabilidad de nombrar un nuevo jefe de gobierno. Fils-Aimé, empresario y expresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Haití, fue designado en noviembre de 2025 como el tercer primer ministro bajo este mecanismo, tras la destitución de su antecesor, Garry Conille.
Aunque se estableció que el consejo debía disolverse el 7 de febrero de 2026, persisten dudas sobre si eso ocurrirá. Críticos aseguran que algunos de sus integrantes intentan perpetuarse en el poder, lo que podría provocar una nueva oleada de manifestaciones violentas.
La fecha límite fue aprobada a inicios de 2024 con la expectativa de que Haití celebraría elecciones presidenciales. Sin embargo, la expansión del control territorial de las pandillas ha impedido su realización. Las votaciones están previstas para agosto, con una posible segunda vuelta en diciembre.
Un informe del organismo indicó que “los actores nacionales siguen divididos sobre la arquitectura de gobernanza transicional que debe llevar al país a elecciones”. Carlos Ruiz-Massieu, enviado especial del secretario general de la ONU, alertó: “Haití ha entrado en una fase crítica en su proceso de restauración de instituciones democráticas. El tiempo para maniobras políticas ha terminado”.
El embajador de Panamá, Eloy Alfaro de Alba, afirmó que el país vive una “encrucijada crítica” a menos de tres semanas del fin del mandato del consejo.
Ericq Pierre, representante haitiano ante la ONU, subrayó la necesidad de una transición ordenada para “mantener la continuidad del Estado y evitar interrupciones que debiliten las instituciones nacionales”.
Actualmente, las pandillas controlan cerca del 90 % de Puerto Príncipe y continúan extendiéndose hacia otras zonas del país.
Entre enero y noviembre del año pasado se reportaron más de 8.100 homicidios, aunque la ONU advierte que estas cifras están subestimadas por la falta de acceso a zonas controladas por grupos armados.
La Policía Nacional de Haití lucha por contener la violencia con el apoyo de una fuerza internacional liderada por Kenia, aún con recursos y personal limitados.
Esa fuerza está siendo reconfigurada como una “unidad especial de supresión de pandillas”, con facultades para capturar a presuntos integrantes de bandas armadas. Paralelamente, el gobierno haitiano ha trabajado con una empresa militar privada en operaciones de drones contra blancos criminales, que también han causado bajas civiles.
Según la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, entre marzo y diciembre de 2025, esos ataques aéreos provocaron más de 970 muertes, incluyendo 39 civiles, de los cuales 16 eran menores de edad.