SANTO DOMINGO: La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, se pronunció este sábado sobre los imputados en el caso Senasa mediante una publicación en su cuenta de la red social X, en la que escribió: “¡Pensando exactamente lo mismo que he pensado en toda mi carrera de fiscal!”, en alusión a la denominada operación Cobra.
El mensaje estuvo acompañado de un video, de menos de 30 segundos, correspondiente a una audiencia del caso Antipulpo celebrada en diciembre de 2020, cuando Reynoso actuaba como fiscal. En el audiovisual, la actual procuradora afirma ante el tribunal que si una persona “tenía salud para contribuir al robo del patrimonio del Estado, entonces tenga salud para responder por ese crimen”.
La publicación se produjo un día después de que la defensa del principal imputado en el caso Senasa, Santiago Hazim, informara que su cliente padece esclerosis múltiple, condición por la cual solicitó al tribunal medidas especiales, como arresto domiciliario con permiso para pernoctar en su residencia.
Los abogados de Hazim pidieron además que se tome en cuenta su estado de salud al momento de decidir la coerción, alegando que el estrés agrava la enfermedad, que no se le imponga impedimento de salida del país y que se le permita viajar dos veces al año a Nueva York para recibir tratamiento con Ocrelizumab.
Durante sus declaraciones, el abogado Miguel Valerio advirtió que Hazim podría morir de “manera súbita” en prisión o quedar parapléjico o cuadripléjico, si el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional acoge la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público.
Valerio también señaló que su defendido ha llorado durante el proceso judicial porque no deseaba que se hiciera pública su condición médica, indicando que incluso rechazó una hospitalización para poder comparecer ante las autoridades.
Sobre el caso, el Ministerio Público anunció la semana pasada la puesta en marcha de la operación Cobra, mediante la cual acusa a un grupo de personas de sustraer fondos del patrimonio público a través del Seguro Nacional de Salud (Senasa). El operativo incluyó más de una docena de allanamientos, con la participación de más de 20 fiscales y alrededor de 200 agentes policiales.