SANTO DOMINGO: La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) presentó hoy una denuncia ante la Superintendencia de Bancos y el Banco Múltiple Banesco, en torno a la presunta emisión irregular de una línea de crédito destinada a un proceso de licitación del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
La organización aseguró en una nota que la referida línea de crédito habría sido emitida sin cumplir con los requisitos legales, regulatorios y procedimentales establecidos por la Ley Monetaria y Financiera, la Ley 183-02, la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas y el marco normativo que rige las evaluaciones de ofertas en procesos de licitación estatal.
O y notificado mediante acto de alguacil al órgano regulador financiero, la institución expone que la segunda vicepresidenta del Banco Banesco para la región Norte, Denisse Elizabeth Pérez Gómez, habría emitido una carta de línea de crédito para la empresa MIDAS Dominicana S.A., destinada al proceso de licitación.
Dicha carta, según Adocco, habría sido extendida sin aplicar el rigor técnico y financiero exigido en el pliego de condiciones del Intrant.
Adocco aseguró que esta acción constituye una desviación procedimental y genera una ventaja competitiva indebida, y que la carta fue emitida sin cumplir con las normas institucionales internas del banco y sin contar con las aprobaciones requeridas.
La onegé dijo que fundamenta la denuncia en el Informe Definitivo de Evaluación Técnica del Procedimiento, del 15 de septiembre de 2025, en el cual según la denuncia se identifican «actuaciones contrarias» al artículo 69.10 de la Constitución y a las normas de la Ley 340-06, lo que afecta la transparencia y legalidad de la licitación pública.
La organización solicitó a la Superintendencia de Bancos suspender de inmediato la línea de crédito emitida por considerar que constituye una violación regulatoria grave.
Asimismo, aplicar las sanciones correspondientes conforme lo disponen la Ley Monetaria y Financiera y las disposiciones internas del regulador, además de garantizar que los procesos financieros vinculados a contrataciones públicas se ajusten estrictamente a la ley.