«Utilizar el poder regulatorio como arma contra los medios erosiona la confianza pública, debilita las instituciones democráticas y silencia voces críticas», alertó Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP
ESTADOS UNIDOS: La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó este viernes su preocupación por declaraciones de funcionarios del gobierno de Donald Trump que apuntan a la posible revocación de licencias de radiodifusión a medios que difundan comentarios críticos hacia la administración.
El jueves, el presidente Trump sugirió públicamente que las cadenas de televisión o radiodifusores que lo cubran de manera «negativa» «deberían perder su licencia», según informes de la prensa local. «Lo único que hacen es golpear a Trump. Tienen licencia. No tienen permitido hacer eso. Son un brazo del Partido Demócrata», añadió el mandatario.
El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, sostuvo que radiodifusores con licencias de esa agencia tienen «una obligación única de operar en el interés público. Y a lo largo de los años, la FCC se ha alejado de hacer cumplir esa obligación de interés público. No creo que estemos mejor como país por ello».
La SIP recordó en un comunicado que ABC suspendió el programa nocturno ¡Jimmy Kimmel Live! después de que algunas televisoras afiliadas lo retiraran de su programación tras la presión.
El presidente de la SIP, José Roberto Dutriz, afirmó: «La mera sugerencia de que un gobierno pueda quitarle a un radiodifusor su licencia por informar de manera crítica constituye una forma inaceptable de censura».
«Estados Unidos debería ser un ejemplo»
Abundó que la amenaza de perder una licencia puede llevar a un acatamiento indebido, a la autocensura y a un empobrecimiento del discurso público.
«El periodismo no existe para halagar al poder, sino para cuestionarlo», dijo Dutriz.
«Utilizar el poder regulatorio como arma contra los medios erosiona la confianza pública, debilita las instituciones democráticas y silencia voces críticas», alertó Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.
Subrayó que los gobiernos deben entender que el libre flujo de información -incluida la crítica- no es un privilegio otorgado por el Estado, sino un derecho fundamental de la sociedad.
«Estados Unidos, con su histórica tradición de defensa de la libertad de prensa, debería ser un ejemplo, no un precedente de intimidación», agregó Ramos.
La SIP sostiene que la amenaza de revocación o la renovación condicionada de licencias de radiodifusión para medios en función de su contenido editorial contradice la Declaración de Chapultepec.
«Las políticas arancelarias y cambiarias, las licencias para la importación de papel o de equipos de recolección de noticias, la asignación de frecuencias de radio y televisión y la concesión o retiro de la publicidad estatal no deben ser usadas para premiar o castigar a los medios o a los periodistas individuales», detalló.
Las demandas de Trump contra los medios
El presidente Trump ya había presentado acciones legales contra otros medios, entre ellos CBS/Paramount y ABC/Disney, empresas con las que alcanzó acuerdos extrajudiciales millonarios.
También demandó al periódico The Wall Street Journal en julio, al que reclamó 10.000 millones de dólares por difamación y contra The New York Times por 15.000 millones dólares esta semana.
Esta última demanda contra el diario neoyorquino fue desestimada este viernes por un juez federal al considerarla «inapropiada».
El juez criticó el tono político de la demanda y le otorgó a Trump plazo de 28 días para presentar una versión revisada y limitada a 40 páginas.
El juez señaló en el fallo que «una demanda no es un megáfono para relaciones públicas, ni un podio para una apasionada oratoria en un mitin político».