SANTO DOMINGO: El Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional otorgó este lunes un plazo de cuatro meses más para que el Ministerio Público amplíe las investigaciones en el caso de corrupción administrativa que involucra al exdirector del INTRANT, Hugo Beras, y al empresario José Ángel Gómez Canaan. Fabiola Núñez con los detalles.
La jueza Patricia Padilla acogió la solicitud del Ministerio Público y le otorgó esta prórroga contra los imputados en la Operación Camaleón, quienes están señalados de pertenecer a una red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructuras críticas y robo de identidad.
Ahora el Ministerio Público tendrá hasta el 8 de octubre para culminar la investigación, en la que podrían incluir nuevos imputados, conforme con las declaraciones de Mirna Ortíz, titular de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
También son imputados en este caso: Frank Díaz Warden, excoordinador de despacho del INTRANT; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director Administrativo y Financiero; y Carlos José Peguero Vargas.
Los imputados son acusados de formar parte de una red de corrupción y crimen organizado, involucrados en delitos como desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica y robo de identidad.
Estos delitos están tipificados y sancionados en el artículo 146, numeral 1 de la Constitución de la República Dominicana sobre la proscripción de la corrupción. Además, el Código Penal dominicano regula estos crímenes en los artículos 123, 124, 147, 150, 151, 171, 172, 265, 266 y 405. También se aplican la Ley 53-07 contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la Ley 17-19 sobre Erradicación del Comercio Ilícito y Contrabando, la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y la Ley 267-08 sobre Terrismo.