Legisladores, alcaldes, regidores y funcionarios, en general, de este o de aquel partido van haciendo cada vez más común la injerencia del narcotráfico en los principales puestos electivos del Estado sin que la justicia dominicana siente precedentes para impedir que este mal se convierta en epidemia pasando de la norma a la regla en la clase política del país
POR: MICHAEL MONEGRO/PRENSALIBREINDEPENDIENTERD
SANTO DOMINGO: El crimen es creativo, tanto es así que las nuevas modalidades delictivas dan origen a varias regulaciones modernas en las sociedades.
Cuando explotó la exportación de cocaína a Estados Unidos desde Colombia, los cárteles de esa nación Sudamericana, en especial el de Medellín encabezado por Pablo Escobar, se las ingeniaba para colocar las sustancias controladas en lugares inimaginables, entrando toneladas del producto cada mes a suelo norteamericano, la mayoría sin ser detectada
Allende esta genialidad del capo más famoso de la historia, Escobar también fue pionero en camuflar su negocio involucrándose en la política siendo miembro de la Cámara de Representantes, aunque no por mucho tiempo. Las denuncias de sus actividades ilícitas llegaban desde la prensa y del propio sistema de justicia, dando inicio al nuevo método de sumar adeptos de poder a sus operaciones, el famoso “plata o plomo”, política que terminó con la vida del entonces candidato presidencial Luis Carlos Galán en 1989, y la cual parece que se mantiene en la sociedad colombiana tras el atentado del senador Miguel Uribe Turbay en junio pasado.
Las investigaciones, todavía no concluidas, apuntan como responsables del crimen a disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que de acuerdo a informes de la prensa colombiana han incurrido en el negocio del narcotráfico, aunque en menor escala que los cárteles que dominaban ese país entre los 80 y 90 que le costaron la vida a su madre Diana Turbay, periodista que investigaba a esas estructuras, siendo secuestrada por estas y posteriormente muerta en un suceso que a más de 30 años todavía no ha sido esclarecido y que muchos afirman que el fenecido narcotraficante Pablo Escobar fue el responsable de su muerte.
En República Dominicana, ese modus operandi violento del narcotráfico, aunque sí existe, no copa los titulares o portadas de periódicos, ya que los eliminados son “eslabones bajos de la cadena”. En el pasado reciente es el involucramiento del narcotráfico en la política dominicana lo que ha adquirido un nuevo matiz, en especial tras el caso del diputado Miguel Gutiérrez, perteneciente al partido de gobierno, quien fue condenado en Estados Unidos a 16 años de cárcel, luego de ser encontrado culpable por conspirar para distribuir sustancias controladas, en su caso, cocaína.
Más honorables
El caso de Gutiérrez es uno de los principales casos comprobados que ha explotado públicamente en el actual Congreso Nacional, de mayoría perremeísta, y que posee una Cámara de Diputados plagada de señalamientos, hasta ahora infundados, de vínculos con el narcotráfico.
En el período 2020-2024, también fue condenada la exdiputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Rosa Amalia Pilarte, hallada culpable de lavado de activos provenientes del narcotráfico, por lo que cumplirá cinco años de prisión. Para juzgar a Pilarte, los jueces de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia actuaron bajo jurisdicción privilegiada, puesto que la legisladora gozaba de inmunidad parlamentaria hasta finalizar su período.
En otro caso, los actuales congresistas Nelson Marmolejos y Faustina Guerrero, así como el exdiputado Héctor Darío Feliz, fueron investigados por su presunta vinculación en la denominada Operación Falcón en cuyo expediente también está enlistado el exdirector de Comunidad Digna, y esposo de Guerrero, Juan Maldonado. Sin embargo, en marzo pasado cuando el caso fue enviado a juicio de fondo con 70 acusados, luego de dos años de haber sido desmantelada la supuesta red de narcotráfico y lavado de activos, solo Maldonado figura en la lista.
En abril pasado fue condenada a ocho años de prisión Gladys Sofía Azcona, quien fue diputada por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el Distrito Nacional (1998-2002) y al Parlacen en 2006, viceministra de Trabajo y embajadora. Azcona fue encontrada culpable de ser parte de una red de lavado de activos provenientes del narcotráfico desmantelada bajo la Operación FM, de la cual su hijo Ramluis Mejía también formaba parte y recibió la misma pena.
Los gobiernos locales no escapan
Además de incidir en el Poder Legislativo, el narcotráfico salpica también a alcaldes y concejales (regidores). En mayo pasado detonó el caso de Edickson Herrera Silvestre (Yeyea), regidor por el Distrito Nacional, quien fue detenido en Estados Unidos por tráfico de drogas, luego de que se emitiera contra él una orden de captura por conspirar para enviar cocaína a ese país, lo que le valió la expulsión del PRM, contrario a Gutiérrez, quien se mantiene en las filas del partido, pese a recibir condena en suelo norteamericano.
En septiembre de 2024, el regidor del Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS) por San Pedro de Macorís, Walky Cuevas Charles fue acusado de formar parte de una red de narcotráfico en esa provincia, para la cual habría lavado unos 300 millones de pesos, de acuerdo al expediente. Por su vinculación al caso, se le impuso presentación periódica como medida de coerción.
Otro extraditado fue el exdirector municipal de Las Galeras, Samaná, Erquidenio Balbuena Agueda (Putín), quien en 2021 fue enviado a Puerto Rico, para enfrentar cargos de tráfico de sustancias controladas hacia la vecina isla, las cuales habían sido transportadas por vía marítima.
¿Y los fiscales?
Desde hace varios años, República Dominicana se menciona como sede de células de cárteles mexicanos como el de Sinaloa o el de Jalisco Nueva Generación, en especial en la zona del Cibao. De igual manera, reportes extraoficiales indican la presencia de fiscales dentro de la nómina de las redes de narcotráfico más poderosas del país a los fines de tener infiltrados en los departamentos de investigaciones e ir un paso adelante ante cualquier operativo que los pueda desmantelar. Tal cual como lo vemos en series de Netflix y en películas de Hollywood.
Aunque no precisamente por esta razón, pero sí por cometer irregularidades en decomiso de drogas, en 2019 el Consejo Disciplinario del Ministerio Público destituyó al fiscal titular de Barahona, Yván Ariel Gómez Rubio, a quien inhabilitó por cinco años para ocupar cualquier cargo en la administración pública, excepto dentro del Ministerio Público, donde no podrá servir nunca más.
Señalados
Probablemente el caso de narcotráfico más conocido en el país son los 1,387 kilos de cocaína del excapitán del Ejército Quirino Ernesto Paulino Castillo. En diciembre de 2004, la sustancia fue decomisada en un camión mediante un operativo comandado por la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA).?
Tras cumplir casi nueve años de condena en la nación norteamericana, Quirino denunció en 2015 haber entregado 4.5 millones de dólares para la campaña de Leonel Fernández hacia las elecciones de mayo 2004, lo que el exmandatario atribuyó a una campaña en su contra ante una postulación a los comicios de 2016.
Más allá de la supuesta donación a la campaña del exjefe de Estado, el convicto reveló que traficó con más de 30,000 kilos de cocaína entre 1996 y 2002, lapso que involucra, además de Fernández, a Hipólito Mejía, en cuya gestión fue promovido al rango de capitán.
Recientemente ha resurgido el nombre del diputado del PRM por el Distrito Nacional Sergio (Gory) Moya vinculado a diversos tipos de delitos, pero más específicamente al tema que nos atañe, en su expediente figura su sometimiento a la justicia en 1998 acusado junto a su hermano Juan Antonio de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, aunque fue descargado por “insuficiencia de pruebas”.
En 2014, su nombre también fue mencionado en el caso de Winston Rizik (El Gallero), quien cumplió 10 años de cárcel por lavado de activos.
Sin importar cargos
La corrupción no tiene bandera. Como dirían en filosofía es inmanente al ser humano. En una sociedad que carece de los controles e institucionalidad necesarios para castigar vehementemente prácticas corruptas y reiterativas como la vinculación política con el narcotráfico y disminuir así su reincidencia, vemos cada vez más casos que hacen parecer esto una práctica cotidiana.
Los partidos políticos no colocan o no quieren colocar los filtros suficientes para evitar que estos antisociales ocupen una curul o dirijan el gobierno de una ciudad, en especial en un sistema electoral dominicano, caracterizado por la falta de propuesta y la permanencia del clientelismo.
A través de la historia se ha demostrado que la inmunidad parlamentaria y diplomática, así como los favores políticos son escudos que rompen más fácilmente acuerdos extranjeros que el interés del propio sistema de justicia dominicano en lograr condenas que afectan el fisco, pero sobre todo la reputación de República Dominicana.