SANTO DOMINGO: El abogado Carlos Balcácer, defensor del empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González, aseguró este miércoles que ninguno de los imputados en el caso operación Lobo saldrá con una medida de coerción basada en garantía económica, debido a la naturaleza de las solicitudes presentadas por el Ministerio Público.
Durante declaraciones a la prensa, Balcácer explicó que la Procuraduría ha solicitado prisión preventiva para algunos imputados y arresto domiciliario para otros, sin contemplar opciones como impedimento de salida, presentación periódica o dispositivos electrónicos. “El juez tiene ante sí solo dos escenarios: prisión intramural o arresto domiciliario. No hay espacio para medidas más leves”, sostuvo.
El Ministerio Público acusa a Rodríguez González de presunto cohecho activo y de activos, en el contexto de una estructura que, según la acusación, operaba mediante el pago de sobornos para asegurar contratos de seguridad privada con instituciones estatales. Balcácer defendió la inocencia de su cliente, asegurando que las transacciones realizadas tenían el propósito de agilizar pagos legítimos por servicios prestados a entidades del Estado.
“El Ministerio Público investiga a mi cliente por supuestamente ofrecer sobornos, pero él declaró valientemente que fue objeto de extorsión sistemática por parte de quienes condicionaban el pago de deudas por trabajos ya ejecutados”, indicó. Según el abogado, Rodríguez González cuenta con una nómina de 1,300 empleados, por lo que no podía esperar “cuatro o seis meses” por los pagos, lo que habría generado una situación de presión operativa.
Balcácer insistió en que su cliente es, en realidad, una víctima del sistema, alegando que durante cinco años fue despojado de más de RD$100 millones a través de pagos irregulares exigidos para liberar fondos estatales. “Él lo dijo de manera frontal: no podía seguir trabajando así. Lo obligaron a pagar para poder cobrar lo que legítimamente le correspondía”, agregó.
El abogado concluyó que espera que “quienes se embolsillaron el dinero ajeno” enfrenten prisión preventiva, mientras reiteró su solicitud de libertad ambulatoria para su defendido, al considerarlo la “gran víctima” de la estructura que el Ministerio Público asegura haber desarticulado con la Operación Lobo.