ESTADOS UNIDOS: Un juez federal anuló este miércoles una política impulsada por el presidente Donald Trump que prohibía a los migrantes que cruzaban la frontera entre Estados Unidos y México solicitar asilo, lo que representa un revés significativo para la agenda migratoria de su administración.
En una decisión contundente, el juez de distrito Randy Moss dictaminó que la administración Trump se excedió en sus atribuciones al implementar una normativa que eludía el marco legal establecido por el Congreso en materia de inmigración.
“El presidente no puede adoptar un sistema de inmigración alternativo que sustituya los estatutos promulgados por el Congreso”, escribió el magistrado en su fallo. Moss subrayó que ni la Ley de Inmigración y Nacionalidad ni la Constitución otorgan al Ejecutivo el poder de negar unilateralmente el acceso al asilo a quienes ya se encuentren en territorio estadounidense, independientemente de la forma en que hayan ingresado.
“Ni la ley ni la Constitución confieren al presidente o a sus delegados la amplia autoridad que se plantea en la proclamación y la guía de implementación”, añade la decisión judicial.
Este fallo, que ataca directamente uno de los pilares más controvertidos de la política migratoria de Trump, se produce en un momento en que el Gobierno federal presume una reducción significativa de cruces fronterizos. En junio, la Patrulla Fronteriza reportó poco más de 6,000 encuentros, según datos oficiales, y funcionarios atribuyen la disminución a medidas más estrictas en la frontera sur.
La demanda
La normativa fue impugnada a inicios de año por organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, entre ellas la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el Centro de Defensa de los Inmigrantes de las Américas y el Proyecto Florence de Derechos de Inmigrantes y Refugiados. La demanda cuestionaba una proclamación presidencial que, en la práctica, cerraba el acceso al asilo en la frontera sur, poniendo en riesgo —según los demandantes— la vida de miles de personas que buscan refugio en Estados Unidos.
El litigio se convirtió en una prueba clave sobre si el poder presidencial puede anular garantías legales otorgadas por el Congreso a personas que huyen de la persecución en sus países de origen.
“Esta es una victoria enorme para quienes huyen del peligro y para el Estado de derecho”, declaró el abogado de la ACLU, Lee Gelernt. “El tribunal reconoció correctamente que el presidente no puede simplemente ignorar las leyes aprobadas por el Congreso”.
Fuente: APLA