COSTA RICA: La Corte Suprema de Justicia de Costa Rica solicitó este martes a la Asamblea Legislativa que retire la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves, con el fin de que enfrente un proceso judicial por presunta corrupción. La medida también alcanza al ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, quien figura junto a Chaves en la acusación presentada por la Fiscalía General.
La decisión fue tomada en una sesión privada del pleno del tribunal, donde 15 magistrados votaron a favor y 7 en contra de remitir al Congreso la solicitud formal para levantar la protección legal del presidente en funciones. Esta acción permitiría avanzar con un juicio por el delito de concusión, vinculado al manejo indebido de fondos públicos.
Acusación fiscal: desvío de recursos del BCIE
Según la Fiscalía, bajo la dirección de Rodrigo Chaves se autorizó el pago de 32.000 dólares a un asesor, utilizando fondos de un contrato financiado con donaciones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). La empresa beneficiaria fue RMC La Productora S.A., contratada para ofrecer servicios de comunicación y asesoría estratégica durante el período presidencial 2022–2026
Ese contrato estaba financiado con 405.000 dólares y, según las autoridades, fue diseñado específicamente para beneficiar al entorno del mandatario.
¿Qué es el delito de concusión?
La concusión, tipificada en el Código Penal costarricense, implica que un funcionario público abusa de su cargo para obtener beneficios personales o desviar fondos públicos. Este delito conlleva penas de hasta ocho años de prisión.
Además de este caso, la Fiscalía también ha señalado a Chaves por presunto financiamiento ilegal de su campaña electoral de 2022. La Corte Suprema deberá analizar por separado si procede una segunda solicitud de levantamiento de inmunidad por este motivo.
Asamblea deberá votar por el retiro de inmunidad
Ahora, corresponde a la Asamblea Legislativa, de mayoría opositora, deliberar si se retira la protección constitucional a Rodrigo Chaves y a su ministro. La Constitución costarricense exige una votación calificada para proceder con la suspensión de inmunidad de un presidente en ejercicio. Por el momento, no hay fecha definida para esa votación.
APLA