MADRID: Una multitud de jueces y fiscales procedentes de toda España se concentró este sábado en la plaza de la Villa de París, frente al Tribunal Supremo, para denunciar lo que consideran un grave ataque a la independencia judicial derivado de las recientes reformas impulsadas por el Gobierno.
Convocados por cinco de las siete asociaciones que representan a ambos colectivos, los manifestantes se reunieron bajo el lema «Sin Estado de derecho no hay democracia», dejando claro que la independencia del Poder Judicial no es un privilegio de jueces y fiscales, sino un derecho fundamental de todos los ciudadanos.
Durante la lectura de un comunicado conjunto, los portavoces recordaron que la Constitución de 1978 consagró el Estado de derecho, la separación de poderes y un Poder Judicial independiente. Sin embargo, advirtieron que esas bases están hoy en peligro por las nuevas leyes de acceso a la carrera judicial y la reforma del Estatuto Fiscal.
Sobre la primera, alertaron que eliminará contenidos esenciales en las oposiciones, introducirá pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración, y permitirá la injerencia política en los órganos encargados de velar por la ética judicial. También criticaron que el nuevo centro de preparación de opositores esté controlado por el Gobierno, lo que puede derivar en una selección ideológica de los futuros jueces y fiscales.
Además, denunciaron la creación de dos vías de acceso a la carrera judicial: una más difícil y exigente para quienes no tienen contactos, y otra más fácil para los favorecidos por el poder político.
En cuanto a la reforma del Estatuto Fiscal, criticaron que se aumente el poder del fiscal general del Estado, quien seguirá siendo designado por el Gobierno sin filtros previos. Lejos de fortalecer la independencia del Ministerio Público, esta reforma limita la capacidad de los fiscales para oponerse a órdenes superiores.
Los jueces y fiscales también alertaron sobre el intento de otorgar a los fiscales el control de la policía judicial y la investigación de delitos, funciones que hasta ahora están en manos de los jueces. Según señalaron, este modelo incrementaría el riesgo de injerencias políticas, especialmente en casos de corrupción.
Un clima de ataque institucional
Durante el acto, también se denunció el contexto de continuos ataques políticos al poder judicial y el descrédito de la Fiscalía, a través de declaraciones que deslegitiman resoluciones judiciales y presentan al Ministerio Fiscal como un apéndice del Gobierno. Esto, advirtieron, mina la confianza ciudadana en la justicia, lo cual es esencial para evitar abusos de poder.
Los convocantes anunciaron que están dispuestos a ir a la huelga los días 1, 2 y 3 de julio si el ministro Félix Bolaños no retira las reformas. En plena concentración, el ministro contraprogramó un acto para promover las becas a opositores, el único aspecto de la ley con el que todas las asociaciones están de acuerdo.
“No queremos la huelga. Nos duelen los justiciables, sus abogados y procuradores. Sabemos que sus procesos ya se demoran por la falta de medios, y lo último que necesitan es una suspensión o aplazamiento”, afirmaron.
El comunicado finalizó con un agradecimiento a los ciudadanos que apoyan una mejor justicia y la defensa del Estado de derecho, que, recalcaron, “no es de izquierdas ni de derechas, es de todos”.
Entre los asistentes se encontraban jueces, fiscales, opositores y ciudadanos anónimos, así como figuras conocidas como Teresa Palacios y Enrique López.
ABC