SANTO DOMINGO: La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, aclaró este lunes que ninguna autoridad puede ordenar el cierre de comercios de manera generalizada sin un sustento legal, en medio de la polémica surgida tras la intervención de una barbería a medianoche, cuya ubicación no fue especificada.
“Ninguna autoridad puede cerrar comercios de manera general sin sustento legal”, afirmó Raful en una publicación en la red social X, refiriéndose al caso que generó confusión luego de declaraciones del director de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta.
Estas declaraciones surgen tras la vitalización de un video en las redes sociales que muestra un agente de la Policía Nacional intentar cerrar una barbería luego de la medianoche.
Raful explicó que, según el reporte policial, la intervención del establecimiento se debió a la venta de alcohol fuera del horario permitido, una actividad regulada por la ley.
Sin embargo, enfatizó que “su función como barbería no tiene restricción horaria”.
La ministra también subrayó que su gestión rechaza cualquier tipo de acciones arbitrarias.
“Rechazamos cualquier tipo de acciones arbitrarias, con las puertas siempre abiertas para el diálogo y las denuncias responsables”, aseguró.
La funcionaria reiteró su compromiso de garantizar que las intervenciones de las autoridades se realicen respetando los derechos ciudadanos y dentro del marco legal vigente.
- Declaraciones del director de la Policía
Más temprano, el director de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta, había calificado de “irregularidad” que una barbería funcionara más allá de la medianoche.
“Realmente, una barbería no puede amanecer trabajando. Porque si un patrullero tiene control de su zona y detecta ese tipo de irregularidad, él tiene que actuar”, expresó Guzmán Peralta ante miembros de la prensa.
El jefe policial explicó que, según su criterio, los comercios como barberías y colmados deben cerrar a más tardar a las 12:00 de la noche, argumentando que de no hacerlo se podría comprometer la seguridad de la zona, responsabilidad directa de los agentes.
Esta discrepancia en los enfoques de ambas autoridades ha reavivado el debate sobre el manejo de los horarios comerciales y el respeto al debido proceso en las intervenciones de la fuerza pública.