El presidente Nayib Bukele ha dicho que el pago por enviar deportados al Cecot es “muy bajo” para el gobierno de Trump, pero significativo para El Salvador.
SAN SALVADOR: Decenas de deportados desde EE. UU., señalados de pertenecer a organizaciones terroristas, han sido enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, una prisión que el presidente Nayib Bukele define como un modelo para el sistema penitenciario regional. Sin embargo, eso tiene un costo para la administración de Donald Trump.
En un acuerdo reciente, el gobierno de Estados Unidos pagará a El Salvador US$6 millones por encarcelar durante un año a aproximadamente 300 presuntos miembros de la banda criminal de origen venezolano Tren de Aragua. También han sido enviados pandilleros y otros deportados, algunos exprisioneros de Guantánamo, la prisión estadounidense en la que se encuentran terroristas de Al Qaeda, entre otros.
El envío de dichos prisioneros a El Salvador fue posible gracias a que el Departamento de Estado de EE. UU. designó al Tren de Aragua y a otros grupos delictivos latinoamericanos como organizaciones terroristas globales.
Según Bukele, estas personas permanecerán en las cárceles salvadoreñas durante un año, con posibilidad de ampliar ese período. Sin embargo, EE. UU. considera que los migrantes expulsados hacia la megacárcel en El Salvador deben permanecer allí “por el resto de sus vidas”.
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Según memorandos obtenidos por la agencia de noticias AP, Estados Unidos pagará US$20 mil anuales por cada deportado albergado en las cárceles salvadoreñas, lo que suma un total de US$6 millones por los 300 presuntos integrantes del Tren de Aragua. Además, el gobierno estadounidense reservaría US$15 millones adicionales para cubrir posibles traslados futuros de otros miembros de la organización.
Aunque Bukele no confirmó las cifras exactas, según el medio La Prensa Gráfica, el mandatario salvadoreño describió el pago como “muy bajo” para Estados Unidos, pero significativo para El Salvador.
La administración Trump ha defendido las expulsiones al acusar a los migrantes deportados de tener vínculos con las organizaciones delictivas transnacionales Tren de Aragua —surgida en una cárcel venezolana— y la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), consideradas por Washington como grupos terroristas. No obstante, múltiples investigaciones de medios estadounidenses han demostrado que la mayoría de los enviados a El Salvador no tienen antecedentes penales.