SANTO DOMINGO: La Comisión Especial de la Cámara de Diputados ha presentado un informe detallado en el que se imputan diversas irregularidades a los miembros de la Cámara de Cuentas.Tomasina Tolentino de Mckenzie, Mario Arturo Fernández Burgos y Elsa Peña Peña, quienes se encuentran bajo investigación por actos que contravienen la ley, los reglamentos internos y las disposiciones constitucionales.
Tomasina Tolentino de Mckenzie
En el caso de Tomasina Tolentino de Mckenzie, secretaria del bufete directivo del Pleno de la Cámara de Cuentas, la Comisión le imputa las alteraciones de actas, al haber modificado el acta y la resolución ADM-2022-12 sin que estas fueran conocidas, leídas ni aprobadas por el Pleno, introduciéndolas irregularmente con fechas alteradas y sin estar en la agenda oficial, lo que viola los procedimientos legales y reglamentarios establecidos.
Además, se le acusa de haber alterado las actas de la sesión del Pleno No. PL-X-2023-005, celebrada el 27 de abril de 2023, al agregar decisiones no tomadas por el Pleno, con el objetivo de ocultar los votos disidentes de Janel Andrés Ramírez Sánchez y Mario Arturo Fernández Burgos. Esta modificación contravendría la Ley No. 10-04 y los reglamentos internos de la Cámara de Cuentas.
La Comisión también le imputa la participación en una sesión ilegal del Pleno en la cual se adoptaron decisiones sobre nombramientos y desvinculaciones de personal sin seguir el procedimiento adecuado.
Además, se le acusa de usurpación de funciones al modificar horarios laborales y remitir información confidencial al Congreso Nacional sin la debida autorización. Asimismo, se le señala por una mala ejecución presupuestaria, evidenciada por sobrantes millonarios en los años 2021 y 2022, lo que refleja una gestión ineficiente de los recursos públicos.
Finalmente, la Comisión le atribuye una mala gestión administrativa, reflejada en el incumplimiento del Plan Anual de Auditoría (PAA), con una ejecución extremadamente baja de las auditorías aprobadas en 2021 y 2022, y la aprobación de informes enviados al Congreso Nacional sin las auditorías correspondientes.
Mario Arturo Fernández Burgos
Por otro lado, la Comisión Especial imputa a Mario Arturo Fernández Burgos, miembro de la Cámara de Cuentas, por varios actos irregulares cometidos durante su gestión. Entre las acusaciones más graves se encuentra su rechazo y archivo ilegal de informes de auditoría que contienen indicios de responsabilidad penal, administrativa y civil, sin discutir ni considerar adecuadamente sus hallazgos.
Además, se le acusa de haber votado en bloques los informes de auditorías, ignorando los resultados y violando los procedimientos establecidos. Estos informes incluyen auditorías a entidades como la Comisión Hípica Nacional, la Federación Dominicana de Ajedrez y la Dirección General de Ganadería.
Asimismo, se le imputa la asignación ilegal de fondos públicos, específicamente por haber favorecido el pago de una indemnización a Alfredo Antonio Peralta Rivas, en un acto que contraviene las leyes sobre gestión pública y los principios de transparencia y legalidad. Este acto fue aprobado en una sesión del Pleno Ordinario de la Cámara de Cuentas en julio de 2021.
La Comisión también le imputa una ejecución presupuestaria deficiente, ya que durante los años 2021 y 2022 se registraron sobrantes millonarios en los presupuestos aprobados, lo que refleja una administración ineficiente de los recursos públicos.
En 2021, solo se ejecutó el 54% del presupuesto aprobado, y en 2022, solo se ejecutó el 68%. Además, se le acusa de incumplir el Plan Anual de Auditoría (PAA), con una ejecución muy baja de las auditorías aprobadas, lo que se atribuye al conflicto interno dentro de la Cámara de Cuentas.
Finalmente, se le imputa la aprobación de informes destinados al Congreso Nacional sin que estos estuvieran debidamente auditados, lo que violó las normativas de control y supervisión estatal. También se le señala por haber elaborado los presupuestos de la Cámara de Cuentas sin la participación adecuada de una comisión especializada, contraviniendo lo establecido por la ley.
Elsa Peña Peña
Por último, Elsa Peña Peña enfrenta varios cargos relacionados con irregularidades durante su gestión en la Cámara de Cuentas. En primer lugar, la Comisión le imputa haber rechazado y archivado de manera ilegal informes de auditorías que contenían indicios de responsabilidad penal, administrativa y civil, sin haber sido discutidos ni debatidos.
Además, se le acusa de haber votado en bloque sobre diez expedientes de auditorías con hallazgos y resultados diferentes, lo que violó principios fundamentales de seguridad jurídica, igualdad ante la ley y debido proceso. Estos informes incluyen auditorías de entidades como la Comisión Hípica Nacional, la Federación Dominicana de Ajedrez, la Dirección General de Ganadería, el Partido Reformista Social Cristiano y varios ayuntamientos y ministerios.
Se le imputa también la asignación ilegal de fondos públicos, al haber propuesto y votado un favor de un pago de indemnización por la “solicitud de desvinculación” de Alfredo Antonio Peralta Rivas, como se verifica en el acta, video y audio de la sesión correspondiente. Además, se le acusa de haber alterado las actas al firmar el acta y la resolución ADM-2022-12 sin que el Pleno las hubiera conocido ni aprobada, lo que violó los procedimientos legales y reglamentarios.
Peña Peña también favoreció la inclusión de un “artículo tercero” en una decisión sin que fuera discutido ni votado en el Pleno, en un acto que vulneró las disposiciones legales. Además, participó en una sesión ilegal en la que se adoptaron decisiones sobre nombramientos y desvinculaciones de personal, contraviniendo las disposiciones legales.
La Comisión le imputa igualmente la usurpación de funciones al haber dispuesto el traslado de una unidad administrativa dentro de la institución sin la debida autorización del presidente de la Cámara de Cuentas. También se le acusa de no cumplir con la ejecución del presupuesto aprobado para los años 2021 y 2022, lo que generó sobrantes significativos y acumuló intereses.
Finalmente, se le imputa el incumplimiento del Plan Anual de Auditoría (PAA) al ejecutar solo una pequeña parte de las auditorías aprobadas, y se le acusa de haber aprobado informes para ser enviados al Congreso Nacional sin contar con las auditorías correspondientes y sin verificar que la ejecución presupuestaria cumpliera con la Ley de Presupuesto General del Estado.
También se le señala por haber elaborado el presupuesto de la Cámara de Cuentas para los años 2022 y 2023 sin la participación de una comisión especializada, contraviniendo la ley. La Comisión la acusa de mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, lo que afectó la buena administración de la institución y contribuyó a una crisis interna debido a las diferencias entre sus miembros