Según el presidente de EE.UU., Donald Trump, los fondos erogados por Usaid en la región se usaron en campañas de descrédito contra gobiernos. En territorio dominicano, esta agencia ha destinado millones de dólares al patrocinio de la agenda de organizaciones como Participación Ciudadana y Finjus, ¿en qué utilizaron estos fondos?(panorama)
SANTO DOMINGO: A principios de los años 90, la República Dominicana vivía una etapa de profundos cuestionamientos institucionales. Las debilidades del sistema judicial, la falta de transparencia en el ejercicio del poder y una cultura política marcada por el clientelismo y la impunidad impulsaron a diversos sectores de la sociedad a organizarse en busca de cambios reales. Esto dio lugar a la creación de iniciativas clave que transformarían el panorama cívico y político del país, con dos grandes hitos: la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), fundada en 1990, y la constitución de Participación Ciudadana en 1993.
Desde su creación, Finjus se consolidó como un pilar fundamental en el fortalecimiento institucional de la República Dominicana. Su influencia ha trascendido el activismo para convertirse en un actor clave en los debates sobre democracia, gobernanza y justicia. Como entidad técnica, ha desempeñado un papel crucial en la designación de jueces, la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura y la implementación de normativas orientadas a garantizar la autonomía del sistema judicial. Su capacidad de incidencia la ha posicionado como un interlocutor estratégico entre el Estado, la sociedad civil y organismos internacionales.
Participación Ciudadana: ¿Transparencia a la carta?
El surgimiento de Participación Ciudadana, marcó un antes y un después en la lucha por la transparencia electoral y la participación democrática. Con figuras clave como la socióloga Isis Duarte, el periodista Juan Bolívar Díaz el economista Isidoro Santana, Antonio Isa Conde, Carlos Pimentel, Margarita Cordero, Rafael Toribio, Francisco Álvarez, Miguel Ceara Hatton, Wilfredo Alemany, entre otros este movimiento se propuso fiscalizar el ejercicio del poder, promoviendo una ciudadanía más activa y vigilante. Su impacto fue inmediato: por primera vez, un grupo organizado de ciudadanos monitoreaba los procesos electorales, denunciando irregularidades y exigiendo reglas de juego más claras en la lucha contra la corrupción.
Ambas organizaciones fueron fundamentales para transformar la relación entre el poder y la sociedad. Lo que comenzó como esfuerzos aislados de grupos con intereses comunes terminó convirtiéndose en una fuerza que desafió el monopolio político tradicional.
¿Sociedad civil independiente o plataforma de poder?
En los últimos años, la sociedad civil en la República Dominicana ha dejado de ser un actor exclusivamente externo en la fiscalización del poder para ocupar un espacio cada vez más influyente dentro del aparato estatal. Ahora, es más frecuente ver a integrantes, fundadores o colaboradores de estas organizaciones pasar del activismo a la dirección de organismos públicos o tener empresas, familiares o allegados beneficiados con procesos del gobierno.
La designación de figuras provenientes del activismo social en organismos de control, así como la incidencia de estas ONG en la formulación de políticas públicas, plantea un dilema crucial: ¿Hasta qué punto la sociedad civil puede mantener su independencia cuando sus líderes asumen roles dentro del Estado o ejercen una influencia significativa en la toma de decisiones gubernamentales mediante asesorías, consultorías y mecanismos de presión y diálogo? la interrogante nos mueve a analizar.
Los fondos de la Usaid en la construcción del discurso de justicia y transparencia
Desde mediados del siglo XX, la cooperación internacional ha desempeñado un papel clave en el fortalecimiento de las instituciones democráticas en América Latina. En la República Dominicana, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) ha sido un actor relevante en este proceso, destinando recursos a programas enfocados en la modernización del Estado, la reforma judicial y la promoción de la transparencia. Su apoyo ha permitido fortalecer a la sociedad civil en su rol de supervisión del ejercicio del poder y la participación ciudadana.
Según informaciones recientes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los fondos erogados por Usaid en la región se usaron en campañas de descrédito contra gobiernos. En este sentido, la nueva administración decidió suspender las actividades de Usaid bajo el alegato de que se detectaron irregularidades en el manejo de fondos.
El crecimiento de organizaciones como Finjus y Participación Ciudadana en la década de los 90 coincidió con una fase en la que Usaid expandía su inversión en la región a través de programas diseñados para fortalecer la gobernanza y fomentar la supervisión social.
Pero… ¿quién vigila al vigilante?
Usaid y sus fondos en República Dominicana
Desde su llegada al país en 1962, la Usaid jugó un papel clave en la configuración de múltiples políticas públicas, alineadas con los intereses estratégicos de Estados Unidos en la región. A través de financiamiento y asesoría técnica, la agencia respaldó proyectos en áreas fundamentales como educación, salud, desarrollo económico y fortalecimiento institucional.
Su impacto en territorio dominicano fue amplio. En las primeras etapas, los programas estuvieron dirigidos a fomentar el crecimiento económico con inversiones en infraestructura y apoyo al sector agrícola. En los años 80 y 90, la agencia viró hacia la promoción de la democracia y el estado de derecho, un enfoque que se intensificó tras la crisis política de 1994 y el proceso de reforma institucional que siguió. Este giro marcó el inicio de una estrategia más directa de intervención en la gobernanza local, que incluyó el financiamiento de iniciativas de transparencia, reformas judiciales y fortalecimiento de la participación ciudadana en la supervisión del Estado.
Fue en este contexto que Usaid estableció alianzas estratégicas con organizaciones locales como Participación Ciudadana y Finjus.
¿El espejo de la transparencia y el uso de los recursos?
La intervención de Finjus y Participación Ciudadana, ha sido clave en la modernización del aparato estatal y en la consolidación del estado de derecho. No obstante, su rol como guardianes de la rendición de cuentas plantea un interrogante ineludible: ¿han aplicado los mismos estándares de transparencia a la gestión de los recursos que han administrado a lo largo de los años?
Los fondos canalizados a través de estas organizaciones han provenido, en su mayoría, de organismos internacionales, destacándose la Usaid, la Unión Europea, y otras agencias de cooperación. Sin embargo, los reportes financieros disponibles no siempre permiten una guía clara sobre el uso y distribución de estos fondos.
La revisión de documentos financieros y auditorías colgadas en el sitio web de Participación Ciudadana revela que, aunque se presentan informes anuales tanto propios como auditorias de ejecución de fondos de Usaid con balances generales que presentan un monto aproximado de US$20,844,594.00 suministrados por la Agencia, la información pública sobre la ejecución de los mismos presenta ciertas limitaciones.
Los documentos detallan ingresos y gastos en términos amplios, sin especificar de manera desglosada que establezca quiénes fueron los beneficiarios directos de contratos y consultorías.
Un análisis de los reportes evidencia que gran parte del financiamiento ha sido dirigido a gastos de personal, asesorías externas, actividades de acción cívica entre otros. Sin embargo, la ausencia de listados detallados de contrataciones y el destino final de algunos fondos impide un análisis exhaustivo sobre la eficiencia y el impacto de su ejecución.
El informe financiero del acuerdo de cooperación AID-517-A-15-00006 suscrito por US$10.8 millones de dólares entre Usaid y Participación Ciudadana (Finjus y Casas de Justicias como coejecutor) refleja asignaciones significativas bajo conceptos generales, sin detallar los beneficiarios finales ni el desglose específico del uso de los fondos. Los montos reportados en la categoría de “actividades y reuniones” correspondientes, por ejemplo, al período comprendido entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020, suman un total de RD$41,525,916 y US$761,775, distribuidos de la siguiente manera:
Participación Ciudadana:
• Actividades de seguridad: RD$3,186,296 / US$58,451
• Actividades de iniciativa de transparencia: RD$346,307 / US$6,353
• Actividades de participación cívica: RD$27,186,536 / US$498,725
• Total, en Participación Ciudadana: RD$30,719,139 / US$563,529
Finjus:
• Actividades de seguridad: RD$9,493,866 / US$174,161
• Actividades de participación cívica: RD$1,312,911 / US$24,085
• Total, en Finjus: RD$10,806,777 / US$198,246
Si bien estos montos están especificados en términos de actividades generales, el informe no proporciona información sobre quiénes fueron los destinatarios directos de estos fondos, qué organizaciones o individuos fueron contratados, ni cuál fue el impacto concreto de las iniciativas financiadas. La categoría de «Actividades de participación cívica», que representa la mayor parte del presupuesto (RD$28,499,447 en total entre Finjus y PC), carece de detalles sobre qué tipo de actividades cívicas se realizaron.
En el caso de las actividades de seguridad, donde Finjus recibió más del triple que Participación Ciudadana (RD$9,493,866 frente a RD$3,186,296), no se explica en qué consistieron dichas actividades.
En la verificación realizada no se encontraron reportes de Finjus que presenten algún tipo de rendición de cuentas relativas a los proyectos y en la búsqueda de sus informes de Consejo Directivo los enlaces no están disponibles a la fecha de este reportaje.
Este nivel de presentación de la información dificulta el seguimiento de la ejecución del gasto y la evaluación de su impacto real, contrastando con los principios de transparencia que ambas organizaciones han promovido en la supervisión del sector público.
A diferencia de las entidades gubernamentales, cuya fiscalización está regulada por la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República y otros organismos, las ONG que han recibido fondos internacionales están sujetas a mecanismos de supervisión menos rigurosos y menos accesibles al público.
Al cierre del período del convenio de cooperación No. AID-517-A-15-00006, correspondiente al 31 de diciembre de 2022, se registró una ejecución acumulada total de US$10,850,985, reflejando un uso casi completo del presupuesto aprobado de US$10,870,000, quedando un saldo disponible de US$19,015. Dentro de los principales rubros ejecutados, la categoría de Contratos representó la mayor partida con US$5,223,753, seguida por Personal, cuya ejecución acumulada alcanzó US$2,538,700, y Otros costos directos, con US$1,841,522. En tanto, Beneficios marginales sumaron US$820,122, y Costos indirectos llegaron a US$152,453. La ejecución de estos recursos refleja una asignación significativa hacia servicios externos y costos operativos, destacándose el impacto de la contratación de personal y consultorías en el desarrollo del proyecto.
El hecho de que casi la mitad de los fondos ejecutados se destinara a contratación de servicios externos sin una rendición de cuentas accesible al público refuerza la percepción de opacidad en el manejo de estos recursos.
Sin una rendición de cuentas exhaustiva y accesible, la credibilidad de estas iniciativas corre el riesgo de verse socavada, convirtiendo la lucha por la transparencia en un ejercicio selectivo que no se aplica con el mismo rigor a quienes la promueven, cuando Participación Ciudadana administró aproximadamente el 55% de estos fondos, mientras que Finjus gestionó alrededor del 35%, y el resto se destinó a socios como las Casas Comunitarias de Justicia.
El debate sobre la coherencia y la legitimidad
El principio de transparencia no puede aplicarse de manera selectiva. Si las organizaciones que han fiscalizado la gestión pública han asumido un papel protagónico en la exigencia de cuentas a los gobiernos, es igualmente legítimo que la sociedad demande el mismo nivel de apertura y claridad en el manejo de sus propios recursos.
La falta de mecanismos de evaluación ciudadana sobre el uso de los fondos y sus beneficiarios genera un vacío que compromete la confianza en estas instituciones y exige ser atendido.
La credibilidad de una organización que exige transparencia depende de su capacidad para aplicar con el mismo rigor los principios que defiende en su propia estructura. Sin estándares claros y abiertos de rendición de cuentas, su discurso sobre la lucha contra la corrupción y el buen manejo de los recursos públicos pierde fuerza y credibilidad.
En un país donde la fiscalización de los fondos estatales ha sido una de las principales banderas de la sociedad civil, resulta ineludible que las organizaciones que han enarbolado esta lucha asuman el compromiso de garantizar el mismo nivel de transparencia en sus propias operaciones. Solo así podrán mantener su rol como actores confiables en el debate sobre la ética pública y la rendición de cuentas.
¿Debe la transparencia ser solo una exigencia para los gobiernos? Si las organizaciones que reciben fondos internacionales y desempeñan un papel clave en la supervisión del Estado han construido su credibilidad sobre la base de la fiscalización y la rendición de cuentas, ¿no deberían estar sujetas al mismo nivel de escrutinio que demandan? La coherencia en la gestión de los recursos es esencial para preservar su legitimidad, pues no es suficiente con señalar las fallas del sector público si, al mismo tiempo, se opera bajo criterios de opacidad. La transparencia no debe ser un estándar variable ni aplicarse según la conveniencia; si se aspira a fortalecer la institucionalidad y la confianza ciudadana, quienes fiscalizan también deben ser fiscalizados.
En un contexto donde las ONG y las agencias internacionales han acumulado una influencia considerable en la política dominicana, es legítimo cuestionar si su rol sigue siendo el de observadores imparciales o si, por el contrario, se han convertido en un nuevo eslabón del poder sin contrapeso real. Si la transparencia es una exigencia para el gobierno y las instituciones locales, ¿por qué no se aplica con la misma rigurosidad a quienes financian y ejecutan estos proyectos?
La rendición de cuentas no puede ser un ejercicio selectivo. Si el objetivo es fortalecer la institucionalidad en la República Dominicana, el proceso debe comenzar con la aplicación de los mismos estándares de transparencia que estas organizaciones promueven. Para ello, es fundamental que se robustezcan las auditorías externas, se publiquen informes detallados y se garantice que cada dólar invertido tenga un impacto tangible y verificable. Hasta entonces, la pregunta seguirá abierta: ¿quién vigila al vigilante?
Miriam Díaz Santana
Exdirectora de PC
La extitular de Participación Ciudadana explica a Panorama que el gasto en seguridad al que hacen referencia en el informe se trata del manejo que dieron al tema de la reducción de la delincuencia en el país.
“La seguridad de los ciudadanos la trabajamos con Fiscalía, Policía, municipalidades, provincias; queríamos crear conciencia sobre cómo los ciudadanos pueden contribuir a tener una sociedad más segura, incluía capacitaciones, talleres, trabajos de grupo, encuentros entre ciudadanos y autoridades, se hizo a nivel municipal, uno de los principales fueron Puerto Plata, Santiago y La Vega”, precisó.
En torno a las actividades de participación cívica, precisó que consistió en enseñar a los ciudadanos a participar como complemento de las autoridades y la gobernabilidad del país y descartó que los fondos fueran utilizados para financiar el movimiento Marcha Verde.
“No se canalizó recursos a través de Participación Ciudadana (PC) para Marcha Verde, que debo aclarar, no fue ni iniciada ni dirigida por PC, surgió en un programa de radio y de ahí se formó un comité y luego PC pasó a formar parte del comité que tenía un objetivo fundamental que se identifica con la agenda de PC, pero PC no financió Marcha Verde, no hubo una partida que estuviera destinada a Marcha Verde, participamos, pero íbamos por nuestra cuenta con nuestros recursos”, destacó Santana de manera enfática.