SANTO DOMINGO: El Tribunal Superior Administrativo fue apoderado hoy de una demanda en reparación patrimonial que se interpuso contra la fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos Castillo. Se le atribuye dolo e imprudencia grave en el ejercicio de sus funciones al haberse negado a devolver un vehículo que fue ilegalmente incautado.
Se trata de un modelo Grand Cherokee, color blanco, año 2018, chasis núm. 1C4RJEBG4C193720, placa y registro núm. 0421645, matricula núm. 8730044, cuya entrega le fue ordenada a la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional el primero de diciembre del 2021 mediante sentencia núm. 249-04-2021-SSEN-00289 del Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.
No habiendo obtemperado a lo dispuesto en su contra, fue preciso que el 27 de abril del 2023, por Sentencia núm. 501-2023-SSEM-00046, la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional le reiteró que devolviese el vehículo a su legítimo propietario, sin que tampoco acatara lo decidido por esa alzada.
Mediante Sentencia núm. SCJ-SS-23-1316 del 31 de octubre del 2023, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, al rechazarle el recurso de casación elevado, confirmó la orden de entrega del automóvil, y no obstante haber sido Ramos Castillo emplazada a devolverlo el 14 de enero pasado, el Dr. Julio Cury manifestó que la fiscal titular “ofreció la callada por respuesta”.
Expresó que esa “actuación manifiestamente contraria a derecho, desnuda un ejercicio consciente e inexcusablemente imprudente de poder. Su inflexible y arbitraria reticencia a cumplir con lo dispuesto por sentencia la ha dejado indefectiblemente atrapada en las consecuencias de los artículos 148 constitucional y 58 de la Ley núm. 107-13, por lo que será declarada patrimonialmente responsable y condenada, de forma conjunta y solidaria con el Ministerio Público, a reparar los daños antijurídicos causados a la víctima”.
De su lado, José Alberto Cruceta hijo, también abogado de la demandante, sostuvo que la actuación particular de Ramos Castillo, “al no contar con ningún respaldo normativo, constituye una actuación saturada de ilegalidad por la que ella tendrá que responder, ya que, en un Estado democrático de derecho, la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, aunque a le rechine, debe respetarse y cumplirse”